Unas 600 viviendas turísticas de Aragón se quedan fuera de las principales plataformas por no tener registro oficial

El Ministerio de Vivienda ha tratado de poner coto a la difusión de viviendas turísticas por el territorio, obligándolas a inscribirse en un registro nacional para poder comercializarse como alquileres turísticos o de temporada en plataformas digitales, como Airbnb o Booking.

Así, todas aquellas que no figuren en el registro del Ministerio no podrán ofrecerse en estos portales, altamente utilizados por los usuarios para elegir dónde pasar sus vacaciones. En el primer mes con esta norma en vigor, Airbnb ha retirado de su página web cerca de 65.000 anuncios sin licencia y ha identificado otros 55.000 que no disponen del número de registro oficial.

En Aragón, alrededor de 600 viviendas turísticas no podrían ofrecerse en este tipo de plataformas ya que, pese a figurar como tal en los registros del Gobierno de Aragón, no habrían cumplido todavía el trámite de inscribirse en el Ministerio.

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En los registros del Gobierno de Aragón hay 4.160 viviendas de uso turístico, de las que 2.665, es decir, dos de cada tres, se ubican en la provincia de Huesca, principalmente en localidades pirenaicas como Sallent de Gállego, Benasque, Panticosa o Jaca. Mientras, 937 están en Zaragoza, la gran mayoría en la capital, y 568 en Teruel.

Mientras, el Ministerio de Vivienda publicó el pasado mes de julio que había recibido unas 3.500 solicitudes para inscribirse como alquiler turístico de corta duración. Por tanto, hay unas 600 viviendas que, teniendo el visto bueno del Gobierno de Aragón, todavía no cumplen los trámites para poder publicitarse en las plataformas.

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Esta circunstancia se repite también en otras comunidades autónomas, siendo en algunas todavía más acuciante la diferencia entre las viviendas turísticas. A nivel nacional, se calcula que la mitad de estos pisos se han quedado fuera de las plataformas al no formalizar adecuadamente el registro, y en Madrid apenas se habría registrado un porcentaje mínimo de las 17.000 ofertadas en Airbnb.

Este registro único del Ministerio es obligatorio para todos los inmuebles que se alquilan a través de plataformas digitales por periodos cortos. La ministra Isabel Rodríguez justificó esta medida para “acabar con los pisos turísticos ilegales que expulsan a las familias de sus barrios”, así como con el fraude en los alquileres de temporada que algunos arrendatarios usan para “especular” con el precio de la vivienda.

España ha sido el primer país de la Unión Europea en trasponer la normativa europea relativa al registro único de alquileres de corta duración, a través de la Ventanilla Única Digital. El objetivo es acabar con el fraude en los alquileres turísticos o de temporada que, según el Gobierno, colisiona con el derecho a una vivienda digna de parte de la ciudadanía.

De esta forma, Airbnb retirará aquellos anuncios que presenten irregularidades en el registro nacional. En estos casos, la plataforma notificará previamente a los anfitriones, ofreciéndoles un plazo para subsanar los defectos antes de proceder a la retirada definitiva.