Concentración frente a la sede de Zaragoza Vivienda
Decenas de personas se concentran para evitar los desahucios de Yolanda y Rocío: "Son viviendas públicas"
Desde el Sindicato de Inquilinas urgen a que se abra una negociación con Zaragoza Vivienda para evitar los desahucios de dos familias.
Más información: La frustración de no poder comprar una vivienda: dos de cada tres aragoneses tuvieron que desistir por el alto precio
Decenas de personas se han concentrado este martes para exigir a la sociedad Zaragoza Vivienda que inicie una negociación para evitar los desahucios de las familias de Rocío y Yolanda. Estas vecinas se enfrentan a la pérdida de su domicilio, gestionado por la empresa pública del Ayuntamiento.
Según han informado desde el Sindicato de Inquilinas, en el caso de Yolanda, esta es la segunda ocasión en la que su familia se enfrenta a un desahucio promovido por esta institución. En 2021, apenas un día antes de la fecha prevista, el desahucio pudo paralizarse gracias a la moratoria aprobada durante la pandemia.
Sin embargo, tras la reciente caída de la moratoria de desahucios en febrero de este año, Yolanda y su familia vuelven a quedar expuestas a que Zaragoza Vivienda ejecute su expulsión.
Por su parte, Rocío vive junto a su marido y su hijo en una vivienda a la que accedieron en 2016, después de haber sufrido un desahucio en su domicilio anterior. En 2025, Zaragoza Vivienda les comunicó la no renovación de su contrato de alquiler y les exigió la entrega de las llaves, “sin abrir un proceso de negociación con la familia”, dicen en el Sindicato.
Zaragoza Vivienda habría justificado verbalmente la no renovación del contrato con "acusaciones de conflictividad", pero desde el Sindicato de Inquilinas señalan que han realizado una recogida de firmas entre el vecindario y “cuentan con el apoyo de todos los vecinos y vecinas de los cuatro bloques del residencial”.
“Las acusaciones de Zaragoza Vivienda son absolutamente injustificadas. En los conflictos de vivienda pública, a menudo vemos cómo el ayuntamiento, a través de los servicios sociales, ejerce control sobre el comportamiento de las familias más precarias, chantajeándolas con expulsarlas de su vivienda o no realizar reparaciones básicas si no cumplen con las exigencias arbitrarias del Ayuntamiento, que serían impensables en cualquier contrato privado”
Salarios estancados y precios inasumibles
La subida disparada de los precios del alquiler durante los últimos años hace imposible que ambas familias puedan acceder a una vivienda en el mercado privado. Se trata, según denuncia el Sindicato de Inquilinas, de una situación “cada vez más frecuente” en Zaragoza.
“Muchas familias trabajadoras quedan atrapadas entre alquileres inasumibles, salarios insuficientes y las políticas del Gobierno central, el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza, que defienden los intereses de empresarios y rentistas”, afirman.
De acuerdo con el sindicato, “los desahucios de las familias de Rocío y Yolanda demuestran que las instituciones públicas no solo garantizan a toda costa el negocio de la vivienda mediante beneficios fiscales a rentistas y subvenciones a constructoras, sino que también desahucian directamente a familias de clase trabajadora de viviendas públicas, actuando como cualquier otro rentista o fondo privado”.
Concentración frente a Zaragoza Vivienda: “La única solución es organizarse”
A las 13:00 horas, decenas de personas se han concentrado frente a la sede de Zaragoza Vivienda para exigir una solución inmediata a la situación de Rocío y Yolanda. Bajo cánticos como “Rocío y Yolanda se quedan en sus casas”, el Sindicato de Inquilinas ha reclamado la paralización inmediata de ambos desahucios y la apertura de una negociación real que permita renovar sus respectivos contratos.
“El problema no es individual, sino estructural. Por un lado, los rentistas cada vez se llevan cantidades cada vez más desorbitadas de nuestros salarios. Por otro, el Estado garantiza que eso sea posible, y permite que hasta la vivienda pública funcione como un negocio”, señalan desde el sindicato.
Respuesta del Ayuntamiento
Ante ello, desde el Ayuntamiento de Zaragoza explican que estos dos casos responden a "situaciones alargadas en el tiempo y judicialiadas", en un caso por una elevada deuda acumulada por impago de sus cuotas de alquiler, y en otro caso se debe a la decisión de no renovar el contrato de arrendamiento por graves problemas de convivencia.
"En ambos casos, las decisiones están tomadas de forma colegiada por los profesionales de Zaragoza Vivienda desde las respectivas secciones (jurídica, trabajadoras sociales, etc) tras el estudio minucioso de las situaciones en su totalidad", reseñan fuentes municipales.
