Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados. Zaragoza
Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas, sobre la zona de bajas emisiones: "Hemos pasado del blanco al negro"
Zaragoza implantará su ZEB este viernes, lo que implica que a excepción de vehículos autorizados no se podrá acceder al Casco Histórico con el coche.
Más información: Zaragoza adelanta la implantación de la Zona de Bajas Emisiones: las multas empezarán a finales de 2025
Zaragoza está a cinco días de activar su Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Esto quiere decir que, a partir de este viernes, 12 de diciembre, los coches que no cuenten con un permiso municipal -o con el distintivo ambiental B, C, ECO y CERO- dejarán de poder entrar en la primera zona delimitada, que comprende el Casco Histórico de la ciudad.
El perímetro, concretamente, abarca desde el paseo Echegaray y Caballero, siguiendo por San Vicente de Paul, el Coso, plaza de España, Conde de Aranda, Mayoral, plaza de Santo Domingo y Ramón Celma Bernal hasta, otra vez, el paseo Echegaray y Caballero.
Una limitación que se ha fijado de lunes a viernes con un horario que comprende de 8.00 a 20.00 y, además, con sanciones de hasta 200 euros si se sobrepasa un límite de estancia de 15 minutos.
Normativa
Se trata de una medida que surge a raíz de la Ley del Cambio Climático y Transición energética que obligaba a establecer una ZBE en las ciudades españolas que superen los 50.000 habitantes. Así, cerca de 150 municipios debían tener ya la zona establecida antes de 2023.
Sin embargo, pocos han sido los que han hecho los deberes a tiempo, pues actualmente solo se han adaptado a esta medida Madrid, Barcelona, Córdoba, Pontevedra, A Coruña, Sevilla, Badalona, Rivas-Vaciamadrid, San Cugat del Vallés, Valencia y Sant Joan Despí. Zaragoza se unirá este viernes.
Aunque, quizás, las prisas (sobre todo por implantar la medida bajo los Fondos Europeos) les han jugado una mala pasada a las ciudades que, desde hace ya tiempo, están al día con la ley. El presidente de Automovilistas Europeos Asociados, Mario Arnaldo, asegura a este diario que son "varios" los errores que, a su juicio, se han repetido en numerosas implantaciones.
El primero de ellos es que, en España, "no se ha diseñado una hoja de ruta adecuada" para aplicar estas restricciones. "Se ha querido pasar del blanco al negro sin una hoja de ruta aceptada por todos los ciudadanos", lamenta, y denuncia que en grandes ciudades como Madrid y Barcelona "la restricción ha sido absoluta".
Y, es que, a su juicio, se pueden hacer "ciudades fantásticas", pero analizando primero "que efecto tienen esas medidas". En este sentido, recuerda que la llegada de la ZBE a estos municipios llevó a que los tribunales de justicia de ambas comunidades anularan parte de las normativas por no considerar el impacto sobre los colectivos más vulnerables.
Hecho que el presidente de la asociación comparte ya que asegura que "no se ha tenido en cuenta a los más desfavorecidos" y defiende que "no todo el mundo tiene dinero para cambiar de la noche a la mañana un vehículo sin etiqueta por uno nuevo o eléctrico".
Es por eso que lamenta que en muchas ciudades no se haya realizado "una evaluación económica realista" y que tampoco se hayan valorado "opciones menos lesivas que permitieran una transición más ordenada".
Por ejemplo, dice que en Madrid las restricciones afectaron incluso a residentes de todo el término municipal, generando situaciones "injustas" y "obligando a pedir moratorias para determinados vehículos".
Zaragoza, también "precipitada"
Aunque reconoce que la ZBE de Zaragoza es mucho más pequeña y contempla restricciones horarias, considera que la ciudad ha seguido un patrón común en España: "La precipitación por acogerse a los fondos europeos Next Generation, destinados a financiar los sistemas de control".
"Aquí (en España) se empezó la casa por el tejado, sin analizar cada caso de manera individual", opina. Lo que, a su juicio, es algo así como "pretender un café para todos", poniendo los mismos criterios en municipios que son "muy diferentes entre sí".
Arnaldo advierte también que las ZBE han generado un notable rechazo social. "El problema es que se ha impuesto a base de multas de 200 euros. Y cuando los tribunales declaran ilegales esas sanciones, se deteriora la credibilidad de las instituciones", explica.