Recogida de basuras en Zaragoza Ayuntamiento de Zaragoza
El PP denuncia en Caspe el "tasazo" de basuras de Pedro Sánchez: "Se ha inventado un impuesto injusto"
El presidente del PP de Zaragoza, Ramón Celma, ha tildado esta medida de “recaudatoria, injusta y contraria a la autonomía municipal”
Más información: ¿Subirá la factura del agua y las basuras en Zaragoza para 2026? Esto dice la normativa europea
El presidente provincial del Partido Popular de Zaragoza, Ramón Celma, ha denunciado hoy en Caspe la nueva tasa de basuras impuesta por el Gobierno de Pedro Sánchez, una medida que ha calificado de “recaudatoria, injusta y contraria a la autonomía municipal”.
Celma ha querido dejar claro que “esta tasa socialista de basuras no la imponen los ayuntamientos, la impone Sánchez, y los municipios son los que se ven obligados a trasladarla a los vecinos”.
“Nos encontramos ante un problema que afecta al conjunto de Aragón, y es la tasa socialista de basuras que pretenden imponer en todos los municipios. El Gobierno de Sánchez ha sacado una ley para obligar a los ayuntamientos a lanzar una mayor presión fiscal sobre los vecinos, utilizando a los consistorios como escudo político”, ha manifestado el presidente provincial.
En este sentido, Celma ha señalado la “falta de coherencia” que hay actualmente en el PSOE de la provincia de Zaragoza y de todo Aragón. “Tienen muy poca vergüenza, porque además de seguir aumentando la presión sobre los ciudadanos, los grupos socialistas en los ayuntamientos se ponen de perfil o incluso dicen que no apoyan una tasa que ha impuesto su propio Gobierno y su presidente Pedro Sánchez desde la Moncloa. Es una contradicción absoluta”, ha añadido.
Ante ello, el presidente provincial ha reclamado transparencia y coherencia. “Aquí nadie es tonto; tenemos que dejar claro que este nuevo impuesto lo impone Sánchez, no los ayuntamientos, y que la recaudación va al Estado, no a los municipios. Ni tienen vergüenza ni son valientes, porque en lugar de aplicarlo directamente, utilizan a los ayuntamientos como recaudadores”, ha criticado.
La Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez, obliga a todos los ayuntamientos de España a establecer una tasa o prestación patrimonial que cubra el 100% del coste del servicio de recogida y tratamiento de residuos urbanos.
Hasta ahora, los municipios podían decidir libremente cómo financiar ese servicio, bien mediante tasas, fondos propios o subvenciones, pero esta ley suprime esa autonomía y convierte un tributo local potestativo en una obligación estatal.
Por esta razón, el Partido Popular ha presentado en el Senado una proposición de ley para eliminar la obligatoriedad de esta tasa, defendiendo que la financiación del servicio de residuos debe garantizarse sin castigar a las familias ni poner en riesgo la autonomía municipal.
