Presentan una denuncia penal ante Anticorrupción por la tramitación ambiental de un macroproyecto de Forestalia

La Plataforma a favor de los paisajes de Teruel ha presentado una denuncia contra dos órganos del Ministerio para la Transición Ecológica por presuntas irregularidades en la tramitación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Clúster Maestrazgo, un macroproyecto de energía eólica en la provincia. Además, no descarta extenderla a otros proyectos de la misma empresa.

La denuncia, presentada ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, va contra la Subdirección General de Evaluación Ambiental, y, en concreto, su responsable, Eugenio Domínguez, y la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental.

Así lo han detallado Javier Oquendo, portavoz de la Plataforma, y su presidenta, Ana Cortés, en la rueda de prensa que ha dado este colectivo ante el Palacio de la Aljafería de Zaragoza, sede de las Cortes de Aragón.

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Según expone el colectivo, las informaciones publicadas en los últimos días en distintos medios de comunicación, entre ellos EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, junto con la documentación de la que disponen, apuntan a un trato “claramente favorecedor” y presuntamente ilegal por parte del Ministerio para la Transición Ecológica en la evaluación ambiental de los proyectos de Forestalia. En este sentido, recuerda que la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público establece que este tipo de tramitaciones deben ser realizadas por funcionarios, que únicamente pueden ser asistidos por personal laboral o empresas externas.

La Plataforma asegura haber solicitado hasta en 14 ocasiones información sobre la identidad de los funcionarios responsables de estos expedientes, recibiendo siempre respuestas “evasivas”, lo que ha generado la sospecha de que dichas tramitaciones no fueron realizadas por personal funcionario.

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Las dudas sobre la regularidad del procedimiento se vieron reforzadas, según la entidad, tras conocerse la existencia de tres informes técnicos con importantes objeciones al proyecto. Entre ellos, uno de la Dirección General de Medio Natural y otro del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA), redactado inicialmente por el jefe del Área II y posteriormente corregido por el director del organismo, Jesús Lobera.

Paisajes de Teruel pone como ejemplo de este presunto trato de favor dos proyectos concretos. Uno de ellos, en la comarca del Matarraña, donde dos iniciativas coincidentes en espacio y ubicación obtuvieron resoluciones opuestas: una DIA favorable para el proyecto de Forestalia y otra negativa para el de Green Capital, con argumentos similares pero aplicados de forma más severa en este último caso.

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Una situación similar se habría producido en una línea de evacuación entre Biota y Olite, donde dos proyectos que compartían íntegramente 50 kilómetros de trazado recibieron evaluaciones ambientales distintas: uno de forma positiva, el de Forestalia y el otro de forma negativa, el de Green Capital. La Plataforma ve “claros indicios” de trato de favor.

Asimismo, la Plataforma explica que tras revisar los expedientes del Ministerio correspondientes a Forestalia entre 2021 y 2023, comprobaron que, de 36 proyectos, solo tres -los de menor potencia- fueron rechazados. En ninguno de ellos, señala, aparece el documento denominado “Listado de consultados”, en el que deberían figurar las iniciales del funcionario responsable de la tramitación.

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Estas sospechas, añade, se han visto confirmadas tras las informaciones publicadas por EL ESPAÑOL DE ARAGÓN a raíz de los registros realizados por la Unidad Central Operativa (UCO) en dependencias de la empresa y del Ministerio. Según dichos testimonios, algunos funcionarios han declarado que los expedientes eran asumidos directamente por el subdirector de la Secretaría General de Evaluación Ambiental, Eugenio Domínguez, y que posteriormente se externalizaban a Tragsa —una práctica que consideran no legal— o incluso llegaban ya redactados por la propia empresa promotora, lo que consideran fraude.

Ante este cúmulo de indicios, la Plataforma ha decidido acudir a la Fiscalía Anticorrupción al entender que existe la obligación de poner en conocimiento de la justicia cualquier posible delito. La denuncia también pretende evitar el inicio de las obras, ahora bajo la titularidad de la empresa CIP, que, según recuerdan, ya avaló en 2020 la viabilidad económica de Forestalia mediante acta notarial.

El colectivo advierte de que la puesta en marcha de cualquier actuación sobre el terreno podría provocar daños ambientales “irreversibles” y se estaría sustentando, a su juicio, en una Declaración de Impacto Ambiental cuya tramitación consideran presuntamente fraudulenta.

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Del mismo modo, Izquierda Unida ha reclamado este jueves la revisión de todos los expedientes relacionados con el grupo Forestalia, la suspensión de las autorizaciones otorgadas y la anulación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto Búfalo, de centros de datos, que el Gobierno de Aragón declaró de interés autonómico recientemente.

Su portavoz parlamentario, Álvaro Sanz, ha señalado en una rueda de prensa que las noticias sobre presunta corrupción en la concesión de autorizaciones y actos administrativos “en favor del entramado empresarial de Forestalia” incrementan las sospechas tanto sobre esta compañía como sobre el despliegue acelerado de centrales eólicas y fotovoltaicas en los últimos años. La formación considera que ese despliegue se llevó a cabo sin planificación, sin moratoria, sin planes de conservación de especies protegidas y con falta de transparencia en las tramitaciones, “desoyendo las alegaciones de la sociedad civil”.