Alejandro Nolasco, en el Edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón. Gobierno de Aragón
Hasta 20 entidades sociales estallan contra Vox por llevar la prioridad nacional a la renta básica: "Crean una imagen falsa"
Estas entidades reclaman una reforma de estas ayudas para garantizar unos ingresos mínimos a las personas que quedan desprotegidas.
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La plataforma EnlaZaDos, integrada por 20 entidades sociales, ha expresado su profunda preocupación por las declaraciones realizadas el pasado 9 de julio sobre la Prestación Aragonesa Complementaria al Ingreso Mínimo Vital (PACIMV).
Estas entidades desarrollan proyectos en los centros penitenciarios de Zuera y Daroca y en los Centros de Inserción Social de Zaragoza y Huesca. Integra, entre otras, a asociaciones como Cáritas Zaragoza, Plena Inclusión Aragón y Centro Ibón.
Así, denuncian la difusión de mensajes que “generan desinformación” y “alimentan la estigmatización de la población migrante”.
“Afirmar que las personas en situación administrativa irregular perciben la PACIMV no responde a la realidad. Las personas en situación administrativa irregular no pueden acceder al Ingreso Mínimo Vital y, por tanto, tampoco a la prestación aragonesa complementaria vinculada al mismo”, exponen.
Responden así a las intenciones del vicepresidente primero y líder de Vox, Alejandro Nolasco, quien anunciaba este jueves endurecer las ayudas de renta básica que se aplican en Aragón para impedir que aquellos inmigrantes en situación ilegal en España puedan recibir estas pagas.
En concreto, va a promover una reforma de la ley que regula la Prestación Aragonesa Complementaria al Ingreso Mínimo Vital (PACIMV), con un endurecimiento de los requisitos relacionados con el arraigo y vinculación al territorio. Afectaría también al Ingreso Aragonés de Inserción (IAI), a la que acceden quienes no cumplan los requisitos del IMV.
“Mientras el debate político se centra en restringir el acceso a personas que ya no pueden acceder a esta ayuda, miles de personas continúan durante meses sin ingresos suficientes porque la normativa mantiene requisitos excesivamente restrictivos y porque las ayudas de urgencia previstas en la propia ley nunca han contado con financiación para hacerse efectivas”, remarcan desde la plataforma EnlaZaDos.
Para ello, el pasado mes de abril impulsaron una iniciativa legislativa popular en las Cortes de Aragón para reformar la PACIMV. Buscan garantizar unos ingresos mínimos a las personas que quedan desprotegidas mientras esperan la resolución del Ingreso Mínimo Vital o que, por las barreras de la normativa actual, quedan excluidas del sistema.
“Que una persona que cumple los requisitos legales quede excluida por barreras burocráticas; o que las ayudas de urgencia previstas por la ley nunca hayan llegado a desarrollarse. Ese, precisamente, debería ser el centro del debate público”, inciden estas entidades.
De esta forma, hacen un llamamiento a todas las fuerzas políticas para que el debate sobre la protección social se centre en “resolver las deficiencias reales del sistema” y no en “difundir mensajes que generan alarma social” y “estigmatizan a determinados colectivos”.
