Octavio López, este martes, junto a la directora general de Vivienda.
Aragón no aplicará las zonas tensionadas en toda la Comunidad: "Destruyen la oferta y encarecen los precios"
El consejero Octavio López asegura que la decisión obedece a un criterio de "máxima responsabilidad pública".
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Aragón no aplicará las zonas tensionadas en toda la Comunidad. El consejero de Vivienda, Octavio López, descarta aplicar este mecanismo de la ley estatal de vivienda al considerar que destruye la oferta y sube los precios.
Se trata de una decisión "política y técnica" aprobada en Consejo de Gobierno en junio. Aunque el Gobierno aragonés solo tenía constancia de una petición oficial -la que hizo en tiempos Canfranc- las noticias de que otros municipios como Aínsa o Biescas pretendían solicitarlo les ha hecho mover ficha.
Para López, la postura del Gobierno PP-vox se basa en los "máximos criterios de responsabilidad pública".
El consejero se niega a aplicar recetas que pueden sonar bien y que terminan perjudicando a los ciudadanos; que intentan trasladar a la población una carga que "corresponde asumir a los poderes públicos".
"Lo que hacemos es proteger el derecho de estas personas con certezas, legalidad y medidas que de verdad funcionan", ha resaltado.
Como alternativa ha puesto el plan 'Aragón Más Vivienda', con el que el Ejecutivo quiere dar un vuelco al insuficiente mercado inmobiliario autonómico. Se trata, según sus palabras, de una alternativa mucho más eficiente, solvente y ajustada a las necesidades reales.
La DGA asegura que la autorización de estas zonas tensionadas es voluntaria. Así lo ratificó el Tribunal Constitucional en mayo de 2024. Esto, por tanto "no es incumplir la ley, es ejercer nuestra soberanía y competencia legítima", subrayaba López.
Para apoyar sus palabras, ha recurrido a un análisis de unas de las comunidades donde ya se aplican: Cataluña.
En su opinión, los informes son "demoledores", ya que los efectos conseguidos han sido "los contrarios a los deseados".
"Ha provocado una reducción severa de la oferta, se ha producido una fuga masiva hacia el alquiler vacacional o por habitaciones y el mercado ha perdido calidad. Además, se produce el efecto frontera. La presión se traslada a los municipios vecinos no restringidos, encareciendo los precios de las zonas limítrofes", enumeraba.
El consejero ha querido destacar que hay aspectos de la Ley de Vivienda que sí se están aplicando o están dispuestos a aplicar, pero que con las zonas tensionadas ni está previsto ni se hará a futuro. Al menos, hasta que haya "informes científicos" que demuestren lo contrario.
Una maquinaria "engrasada"
López ha presumido de que la maquinaria autonómica está "perfectamente engrasada". Tanto que está previsto impulsar 7.000 viviendas públicas en siete años frente a las 1.289 construidas por todos los Gobiernos de Aragón anteriores en casi medio siglo.
Las 1.500 primeras estarán terminadas en 2027. Las habrá en las tres capitales, en el medio rural y en los municipios más turísticos de la Comunidad; aquellos que tienen más problemas para dar alojamiento a los trabajadores 'de temporada'.
Primero se entregarán las enmarcadas en el lote 1, situadas en el Actur y Valdespartera. En este caso, las obras estarán más que terminadas el próximo verano.
"Somos la primera comunidad de España en vivienda pública y la tercera en vivienda protegida. Multiplicamos por 6, por 7 e incluso por 12 las cifras de otras regiones", aseguraba.
El compromiso pasa por impulsar 1.000 viviendas públicas al año, cifra que permitiría llegar a un punto de equilibrio en, aproximadamente, una década.
Más allá del esfuerzo autonómico, el Ejecutivo espera recibir pronto el impulso de un plan estatal "un poco tardano". La primera transferencia ya ha llegado y en los próximos meses se espera poder firmar el correspondiente convenio con el Ministerio.
Este acuerdo hará que Aragón multiplique por 5,5 veces su participación, mientras que el Estado la multiplicará por 2,5.
