Filas en el Ayuntamiento de Zaragoza para pedir los papeles para la regularización
El delegado del Gobierno denuncia "bulos" con la regularización de inmigrantes: "Aportan 4.400€ en impuestos"
Tras un pico en los primeros días, el volumen de solicitudes se mantiene estable y se espera que continúe hasta el 30 de junio, según la Delegación del Gobierno.
Más información: Refuerzos en la regularización de inmigrantes: nuevos puntos de solicitud y atención "caso por caso" en entidades como Accem
La regularización de inmigrantes avanza con paso firme un mes después de que se iniciara el proceso para presentar la solicitud. Pese a las largas filas que se generaron los primeros días en el Ayuntamiento, desde la Delegación del Gobierno se confía en que el pico máximo ya ha pasado y, hasta el 30 de junio, se mantendrá un volumen estable de atenciones en los espacios habilitados.
Así lo ha trasladado el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, minutos antes de reunirse con las 18 entidades que están facilitando la gestión de toda la documentación a las personas inmigrantes.
Para el representante del Gobierno de España en la Comunidad, este proceso es “sin duda, beneficioso” para el país y para estas personas, que “ya están viviendo con nosotros” y solo buscan “una vida digna”.
“Es una incorporación a nuestro Estado de Derecho como cualquier otro español de los que hemos nacido en España. Se busca que todas las personas que vienen a nuestro país con el ánimo de integrarse, de trabajar y de mandar dinero a sus familias, a donde quieran que estén, que tengan todos los derechos del mundo”, ha garantizado Beltrán.
Además, el delegado calcula que cada persona regularizada tiene una aportación fiscal de 4.400 euros al año en impuestos a las arcas públicas, lo que, dice, repercute en la hucha de las pensiones y la Seguridad Social.
![La fila para conseguir papeles por la regularización masiva da la vuelta al Ayuntamiento.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2026\/04\/20\/actualidad\/1003744213536_262831503_320x180.jpg"])
Igualmente, Beltrán ha lamentado que este proceso haya ido acompañado de “bulos” que “complican” la gestión, cuando “es todo lo contrario”.
“Se dijo que a estas personas se les daba la nacionalidad inmediatamente. No es cierto. Van a tener permiso de trabajo y residencia. Se dijo que tendrían libre acceso al resto de Europa, y no es cierto. Es un permiso de trabajo y residencia para España. Se dijo que iban a colapsar los servicios sanitarios, y tampoco es cierto”, sostiene Beltrán.
![Filas en el Ayuntamiento de Zaragoza para pedir los papeles para la regularización](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2026\/04\/22\/actualidad\/1003744217075_262570990_320x180.jpg"])
Se calcula que esta regularización podría llegar a 500.000 personas en España, 17.000 de ellas en Aragón, teniendo en cuenta que el mayor impacto se daría en entre Madrid, Barcelona, Valencia, Castellón, Murcia y Málaga. Hasta ahora, a nivel nacional han llegado unas 200.000 solicitudes.
El plazo para presentar la documentación y la solicitud finaliza el 30 de junio, y después llegará el momento de solventar algunos fallos, resolver alegaciones y confirmar la resolución.
Acompañamiento desde las asociaciones
Uno de los problemas que se están encontrando en este proceso es la dificultad para agilizar los trámites, sobre todo con determinados países de origen, como denuncia Scarleth Castillo, de la Asociación Nicaragua Libre y sindicato Osta.
“Nicaragua tiene muchas complicaciones a la hora de traer documentación. Pero esto viene ocurriendo desde hace muchos años, a la hora de necesitar un documento sí que es verdad que nos encontramos con gente que se aprovecha de esa situación de origen”, lamenta Castillo.
En estas plataformas, una de sus prioridades es acompañar a estas personas por las dificultades que se pueden encontrar a la hora de completar trámites.
“En algunos casos estamos haciendo el registro de la solicitud nosotras mismas porque también estamos habilitadas para hacerlo, volcar al registro los datos y que la gente se sienta acompañada”, explica Scarleth Castillo.
En Accem, otra de las entidades colaboradoras, comenzaron a prepararse en cuanto se publicó el decreto de regularización, con el objetivo de prever todo lo necesario y prestar la atención adecuada.
“Hemos dado prioridad a los solicitantes de asilo, porque ya conocíamos su situación en España y no necesitan certificado de vulnerabilidad, y otros usuarios que han ido viniendo, y que en algunos casos lo han necesitado y otros que no”, detalla Carlos Vela, adjunto territorial de Accem en Aragón y Navarra.
