Edificio del Inaga en la Expo de Zaragoza
Tirón de orejas de la Cámara de Cuentas al Inaga de Lambán: todos los errores y deficiencias detectados
La Cámara de Cuentas de Aragón ha hecho público este jueves el Informe de fiscalización sobre el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, ejercicios 2022 a 2023.
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La Cámara de Cuentas de Aragón ha hecho público este jueves el Informe de fiscalización sobre el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, ejercicios 2022 a 2023, y tasas y actividades relacionadas con expedientes renovables 2019-2023.
El informe analiza las cuentas anuales y la auditoría de cumplimiento de los ejercicios 2022 y 2023. Además, realiza un análisis sobre las tasas y actividades relacionadas con la instalación y operación de parques de energías renovables en Aragón durante el periodo 2019 a 2023.
El Inaga presenta un activo total de 5.580.000 euros en 2023, con un patrimonio neto saneado de 5.224.000 euros sin endeudamiento a largo plazo, con un pasivo a corto plazo que se corresponde con la deuda comercial derivada de su actividad ordinaria.
El informe incluye salvaciones por limitaciones al alcance e incorrecciones materiales. Entre ellas, destaca el incumplimiento reiterado en la rendición de cuentas de los ejercicios 2021 y 2022, así como deficiencias en la información facilitada sobre expedientes de energías renovables.
En cuanto a la tramitación de proyectos de energías renovables en la comunidad autónoma y los ingresos generados por las tasas asociadas a estos expedientes, según los datos analizados, la provincia de Zaragoza concentra cerca del 60 % de los expedientes tramitados por el Inaga y más de la mitad de la potencia proyectada.
Además, cuatro grandes promotores del sector concentran parte de los proyectos renovables desarrollados en la Comunidad.
En el periodo fiscalizado se tramitaron 1.191 expedientes vinculados a energías renovables. En 389 de ellos no se han remitido las declaraciones de compatibilidad ni las diligencias de encargo, y en 536 expedientes no ha sido posible identificar ninguna tasa ingresada por el Inaga ni las fechas de cobro, en su caso.
La Cámara advierte que el Inaga no exige a los promotores identificar a los grupos empresariales a los que pertenecen. Esto impide detectar posibles conflictos de interés de los técnicos externos que revisan los expedientes.
Respecto a las tasas que cobra el Inaga no se encuentran debidamente justificadas en una memoria económica administrativa, aplicándose desde 2024 los precios actualizados de la normativa estatal.
En junio de 2024, se aprobaron conjuntamente las cuentas anuales de los ejercicios 2021, 2022 y 2023, lo que incumple la normativa propia del organismo y las obligaciones de publicidad activa.
![Jesús Lobera, en una rueda de prensa como director del Inaga](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2026\/03\/09\/actualidad\/1003744162642_261849733_320x180.jpg"])
En el ámbito de la contratación pública, la fiscalización identifica diversas deficiencias en la gestión de los expedientes contractuales, principalmente relacionadas con aspectos formales y de planificación.
Entre las incidencias señaladas destacan la utilización frecuente de contratos menores, la necesidad de reforzar la planificación de la contratación para evitar recurrir a este tipo de procedimientos de forma reiterada y la conveniencia de mejorar la documentación y justificación de determinados expedientes.
La fiscalización pone de relieve la necesidad de reforzar la planificación de los recursos humanos para atender el incremento de expedientes administrativos gestionados por el organismo
Entre las recomendaciones se incluye la necesidad de dotar al Inaga de suficientes medios materiales y humanos, elaborar estudios de costes de tasas, mejorar los procedimientos de gestión electrónica de expedientes y exigir a los promotores la identificación de los grupos empresariales a los que pertenecen.
El informe subraya la importancia de mejorar la transparencia y la eficiencia en la gestión del Inaga para garantizar una mejor prestación de servicios y una mayor confianza por parte de los ciudadanos.
