El dueño de Forestalia, Fernando Samper, este martes en el Juzgado de Teruel. EFE
El macroproyecto de centros de datos de Forestalia sigue adelante pese a los escándalos que cercan a Fernando Samper
El Gobierno de Aragón asegura que no existen decisiones judiciales que paralicen esta macroinversión de 12.000 millones de euros.
Más información: Forestalia salta al ‘boom’ de los centros de datos con la segunda mayor inversión de Aragón: 12.000 millones de euros.
El proyecto Búfalo, con el que Forestalia pretende sumarse al 'boom' de los centros de datos en Aragón, sigue adelante pese a las polémicas y las presuntas irregularidades que rodean al empresario Fernando Samper, detenido por la Guardia Civil y posteriormente puesto en libertad en el marco de la 'operación Perserte'.
Fuentes del Gobierno de Aragón aseguran que "no hay decisiones judiciales" que afecten o paralicen las tres instalaciones que se pretenden levantar en las localidades de Alfamén, Botorrita y Magallón, que podrían generar alrededor de 3.000 puestos de trabajo en la provincia de Zaragoza cuando estén a pleno rendimiento.
La duda ahora es hasta qué punto puede condicionar el proyecto el nuevo horizonte judicial de Samper y todo lo que está trascendiendo sobre su 'modus operandi', con ramificaciones en el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) y en el Ministerio para la Transición Ecológica.
Según ha podido saber EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, desde la Administración autonómica se va a ser especialmente escrupuloso con el expediente a fin de garantizar que cumple 100% con la legalidad.
Samper solicitó la Declaración de Interés Autonómico (DIA) para reducir los plazos a la mitad y agilizar el proyecto, llamado a superar los 12.000 millones de euros.
Se trata de una de las mayores inversiones anunciadas por el Gobierno de Jorge Azcón, ahora en funciones.
El 'expediente' fue aprobado ya en Consejo de Gobierno, sin que por el momento se sepa nada sobre ningún Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA), el siguiente paso que, en teoría, tendría que darse.
Esta figura administrativa daría alfombra roja a Forestalia, ya que no solo simplificaría la tramitación, sino que eximiría a la promotora de pagar, entre otros, el Impuesto de Instalaciones, Construcciones y Obras (ICIO).
Desde el Ejecutivo aragonés recuerdan que la aprobación de una DIA no implica necesariamente que vaya a haber un PIGA y que la Declaración, presentada el 1 de septiembre de 2025 y publicada en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) el pasado 2 de diciembre, es el único documento que se ha tramitado hasta el momento.
El proyecto Búfalo engloba tres centros de datos, bautizados como Data, Dédalo y Blue y tiene asegurado el enchufe en los llamados nudos de Magallón, María y Vientos.
Estas infraestructuras están asociadas a tres compañías: 'Energía Inagotable de Kaysa, SL', 'Dédalo Holdco Renovables, SL' y 'Blue Holdco Renovables, SL' (Grupo Forestalia) e incluyen proyectos de autoconsumo para hasta un 50% de su capacidad de producción.
El proyecto contempla hasta tres fases, comenzando la primera en el primer semestre de 2028 y la tercera y última, a principios de 2030.
La DIA contó con informe favorable de la Dirección General de Energía y Minas. También obtuvo el visto bueno de la Dirección General de Política Económica, que destacó el impacto social del macroproyecto "al generar empleo local
cualificado".
No obstante, hasta cinco ayuntamientos presentaron alegaciones. Fueron los de Gallur, Calatorao, Alcalá de Moncayo, Tarazona y Ejea de los Caballeros.
Por una parte, arremetieron contra el plazo otorgado para el trámite, insuficiente, a su juicio, para analizar toda la documentación. Sin embargo, desde la DGA echaron por tierra este argumento asegurando que dicho plazo entraba dentro de los límites legales.
Los consistorios también aseguraron que la información ofrecida en la memoria resultaba insuficiente para valorar los impactos e implicaciones urbanísticas del proyecto sobre los diferentes municipios.
Tampoco esto fue razón para dar marcha atrás. El Ejecutivo recuerda que la DIA "no exime al solicitante del cumplimiento de los requisitos legales exigidos para que se otorguen las autorizaciones y actos administrativos necesarios, ni condiciona a la Administración en la aplicación de la normativa legalmente exigible".
Con ello incidía en que no se estaba privando en modo alguno a las entidades locales de sus competencias en materia urbanística y medioambiental, ni se estaban mermando sus potestades tributarias vinculadas al ejercicio de dichas competencias.
El resultado es la Declaración ya conocida, que conlleva que todos los trámites administrativos vinculados a la autorización, ejecución y desarrollo del proyecto tendrán un impulso preferente y urgente por parte de las Administraciones Públicas.
