Mar Vaquero, en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno.

Mar Vaquero, en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno. Gobierno de Aragón

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Confirmado por el Gobierno de Aragón: las chimeneas deberán limpiarse por empresas especializadas y con certificado

El Consejo de Gobierno aprueba un decreto que aclara los trabajos agrarios que pueden continuar durante la Alerta Rojo Plus.

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El Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto que refuerza las medidas de prevención y actuación cuando se active la Alerta Rojo Plus, el nivel máximo de riesgo de incendios forestales.

La norma también introduce nuevas medidas de prevención, entre ellas la obligación de revisar y limpiar periódicamente las chimeneas domésticas.

Durante los meses de verano, el campo aragonés sufre cada año numerosos incendios. En muchos casos están relacionados con actividades habituales de agricultores y ganaderos: la chispa de una máquina puede provocar fuegos que acaban arrasando miles de hectáreas.

Para reducir ese riesgo, el Ejecutivo autonómico ha aprobado un nuevo marco normativo que establece con mayor claridad qué actividades pueden mantenerse incluso en situaciones de riesgo extremo y cuáles quedan prohibidas.

La norma busca mejorar la seguridad de las personas, proteger los núcleos habitados y aportar seguridad jurídica, especialmente al sector agrario y al medio rural.

Una 'ITV' para las chimeneas

Entre las novedades más llamativas del decreto figura la obligación de revisar y limpiar las chimeneas de leña o pellet al menos cada cinco años; una especie de 'ITV' que controle el estado de las chimeneas.

La limpieza deberá realizarse a través de empresas especializadas, que emitirán el correspondiente certificado.

El objetivo es garantizar que las instalaciones domésticas no supongan un riesgo de incendio en viviendas, especialmente en el medio rural.

En estas revisiones se certificará que la chimenea está correctamente instalada, que no presenta riesgos de combustión o acumulación de residuos y que su uso es seguro.

Por el momento, la norma no concreta cuándo comenzará a exigirse este certificado ni las posibles sanciones en caso de no disponer de él.

El decreto también refuerza la obligación de garantizar la accesibilidad a los hidrantes, los puntos de suministro de agua utilizados por los servicios de extinción. Estos deberán mantenerse operativos incluso en situaciones de nieve o hielo para facilitar la actuación de los equipos de emergencia.

La norma se integra en el Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales de Aragón (PROCINFO) y se ha tramitado por el procedimiento de urgencia. El objetivo es contar con un marco más claro y homogéneo ante el aumento del riesgo de incendios asociado al cambio climático.

Qué no se puede hacer

El decreto define qué labores agrícolas y ganaderas no pueden seguir realizándose en situaciones de Alerta Rojo Plus.

Quedan prohibidas todas las actividades que puedan generar chispas, calor o fuego en el medio natural, tanto en terrenos forestales como en una franja de 400 metros a su alrededor.

Entre ellas figuran encender fuego en espacios abiertos, la quema de rastrojos o restos vegetales, el uso de maquinaria que pueda provocar chispas, el empleo de material pirotécnico, la celebración de eventos deportivos o actos públicos en entornos forestales y el acceso de vehículos a motor a los montes.

El decreto contempla excepciones justificadas en situaciones de riesgo extremo para garantizar el funcionamiento de los servicios básicos y la seguridad de la población.

En este sentido, se permiten reparaciones urgentes e inaplazables de infraestructuras viarias, de suministro de energía, agua potable, telecomunicaciones y otros servicios esenciales, o la actividad cinegética cuando el tránsito por el monte se realice a pie.

En la medida de lo posible, estas actuaciones deberán evitar la franja horaria de mayor riesgo, entre las 12.00 y las 18.00 horas.

Con esta medida, el Gobierno de Aragón refuerza su política de anticipación y prevención frente a los incendios forestales, mejora la coordinación entre departamentos y ofrece reglas claras, completas y comprensibles a la ciudadanía, a los ayuntamientos y a los sectores afectados.