Algunos inmigrantes en el hotel París, en el barrio del Gancho de Zaragoza. Zaragoza
Lío en Aragón por la retirada de licencia a cuatro hoteles que acogen a migrantes: "No impide que sigan con su actividad"
El Gobierno autonónico asegura que la medida busca cumplir la normativa vigente, mientras que el Gobierno de España defiende que ambos usos son "compatibles".
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Nuevo revuelo en Aragón por la acogida de personas migrantes. Aunque en esta ocasión, el choque político ha sido entre el Gobierno de Aragón y el Ejecutivo Central. Las alarmas han saltado a raíz de que la Dirección General de Turismo y Hostelería del Gobierno autonómico haya retirado la licencia de hotel a cuatro establecimientos que daban alojamiento a estas personas.
La decisión de retirar el permiso turístico de estos hostales -según aseguran desde la consejería de Turismo y ha adelantado El Periódico de Aragón- se ha tomado a raíz de unas inspecciones en las que se ha comprobado que estos establecimientos no cumplían con las características originales por las que fueron inscritos.
Esto quiere decir que los cuatro establecimientos, actualmente, no desarrollaban su actividad turística y no cumplían con algunos de los requisitos técnicos que exige la normativa vigente como, por ejemplo, tener accesos independientes, ascensor y escalera principal de servicio o espacios comunes diferentes. Por otra parte, desde el área de Manuel Blasco, aseguran que estos hoteles no disponían de la compartimentación adecuada, contraviniendo lo dispuesto en la Ley del Turismo de Aragón (TR 1/2016) y el Reglamento de establecimientos hoteleros (D 14/2018).
Este es el fundamento jurídico -señalan- de las acciones que se han emprendido para formalizar la baja de los establecimientos en el registro de Turismo de Aragón. Unas actuaciones que pretenden "exclusivamente" dar cumplimiento a la legalidad vigente, con el fin de dar de alta a estos establecimientos en la categoría o con la naturaleza jurídica que obedezca al uso para el que ahora se están destinando.
Y, ello, aseguran que "no impide que sigan con la actividad que desarrollan actualmente". Es decir, que la formalización de la categoría no afecta a la hora de seguir dando asilo a personas migrantes.
Sin embargo, esta manera de proceder parece ser que no le ha cuadrado a todas las partes. Así lo ha expresado, por su parte, el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi Espada, quien ha asegurado que el uso hostelero es compatible con el alojamiento de inmigrantes y que "es algo que se hace desde hace mucho tiempo"
Asimismo, ha querido lanzar una reflexión en tres palabras: "La primera es derechos humanos, la segunda es economía y la tercera es solidaridad entre territorios".
Con la primera, Espada ha expuesto que "estas personas que llegan pidiendo asilo están huyendo, lo piden porque no pueden vivir en sus países por una situación de guerra". Con la economía, el secretario de Estado ha recordado la falta mano de obra en muchos sectores a nivel nacional, pero también "aquí en Teruel y en Aragón". "Por lo tanto, también son un activo que necesitamos", ha declarado.
Desde el PSOE aragónes han enviado un comunicado rechazando la decisión del Gobierno de Aragón de retirar las licencias de hotel. Así lo denuncian tras conocer esta medida que impulsa el Gobierno de Azcón y que es "una muestra de la deshumanización de Azcón, de su falta de solidaridad y de su falta de empatía con este sector que compatibiliza la asistencia humanitaria con el alojamiento a otros tipos de clientes".
La alcaldesa socialista de Sabiñánigo, Berta Fernández, municipio donde se ubica uno de los hoteles que pierde esta licencia critica "razones políticas del gobierno de Azcón". Asegura que este uso compatible nunca había generado problemas y supone un recurso económico para estos hoteles. "Es una medida drástica e innecesaria", ha dicho.
"Ahora, por la puerta de atrás, el PP desde el gobierno de Aragón ordena esta retirada de lilcencias”, dice. “Es una excusa para que los migrantes no se queden en Aragón, bien para contentar a VOX, con el que está negociando los presupuestos, bien para seguir su confrontación con el gobierno central, o bien por ambos motivos”, ha dicho Berta Fernández.
El PSOE aragonés asegura que "no va a tolerar el uso partidista de personas y establecimientos que generan actividad económica". Critica "la falta de empatía" de Azcón así como la ausencia "total" de información y la "alevosía" con que se ha llevado a cabo esta medida. Además añaden los socialistas que medidas como ésta "suponen un castigo en toda la regla a cualquiera que se atreva a trabajar o a colaborar con la acogida de menores".
"Estupor y sorpresa"
Por su parte, desde el Gobierno de Aragón se ve con "estupor y sorpresa" que la Delegación del Gobierno ofrezca asesoría jurídica a quien incumple la normativa, dado que como institución pública está "obligada a cumplir y hacer cumplir la ley". Asimismo, insisten en que las acciones que se han emprendido pretenden exclusivamente dar cumplimiento a la normativa, con el fin de dar de alta a estos establecimientos en la categoría o con la naturaleza jurídica que obedezca al uso para el que ahora se están destinando.
Han recordado que ya el pasado mes de febrero fue una inspección de Sanidad la que reveló las circunstancias en las que se estaba atendiendo a personas migrantes en un establecimiento hostelero en Jaca, "en el que operaba personal sin carnet de manipulador, se detectaron alimentos mal congelados o en mal estado y falta de muestras".
Ante esta situación y para asegurar que "no se están lesionando los derechos de quienes residen en estos espacios", explican que desde el pasado mes de febrero se han realizado inspecciones por funcionarios de ambos Departamentos y se ha confirmado la escasa disposición de los adjudicatarios de estos servicios de alojamiento a subsanar las deficiencias, muchas de ellas públicas y denunciadas por sus residentes.
Frente a la falta de diligencia informativa de la entidad que atiende a estas personas, la DGA "veló, vela y velará por el cumplimiento de la legislación autonómica", y ante "la indolencia y la pasividad del Gobierno de España a este respecto", que es quien "debería explicar los controles que realiza sobre los recursos que financia, el Gobierno de Aragón respalda la labor de sus servicios de inspección, de todos y cada uno de los Departamentos", reclaman.
Las situaciones de emergencia, exponen, "no son excusa para que se menoscabe la integridad de ninguna persona; tampoco de las personas migrantes que llegan a Aragón al amparo de programas de Protección y Acogida financiados por el Estado". Por todo ello, desde el Ejecutivo autonómico se reclama al Delegado que se retracte de estas infundadas acusaciones, dado que las actuaciones realizadas se enmarcan en el respeto escrupuloso a la legalidad vigente.
