Cucalón niega todos los delitos en la ruinosa gestión del polígono fantasma de Aguarón: "La sociedad no debe nada"

El polémico alcalde de Aguarón, Lucio Cucalón, conocido por darse un festín de ostras, gamba roja y jamón de bellota con dinero público, se ha sentado este martes en el banquillo acusado de un delito de falsedad documental y otro de administración desleal.

La acusación pide para él 12 años de cárcel por hasta tres delitos de falsedad, 4 por el de administración desleal y 4 años de inhabilitación, mientras que la Fiscalía reclama 3 años de prisión y otros 2 de inhabilitación.

El juicio, celebrado en la Audiencia Provincial de Zaragoza, se ha centrado en la ruinosa gestión de la Sociedad de Desarrollo de Aguarón, creada en 2006 para levantar un polígono industrial que nunca se construyó y que terminó generando un agujero de cientos de miles de euros a este pequeño municipio de apenas 600 habitantes.

A través de la sociedad se pidieron préstamos a tres entidades bancarias para la adquisición de terrenos, pero llegó la crisis, el proyecto quedó en nada y los bancos "fueron ejecutándolos". La oposición, sin embargo, desconocía el verdadero estado contable, una patata caliente que terminó explotando cuando el PP accedió a la Alcaldía y llevó la polémica a los tribunales.

La clave de todo este embrollo está en las cuentas de 2016, 2017, 2018 y 2019 y el fin de la sociedad. Para poder disolverla, la ley exige tener presentadas las cuentas de los tres ejercicios anteriores. En este caso se registraron a la vez, algo poco habitual, sin que se conozca, siquiera, quién lo hizo, ya que la propia gestora no sabe quién le dio traslado.

Es más, en el documento que da fe de las supuestas juntas, que nunca se habrían celebrado, aparece una firma que habría sido falsificada. Y es aquí cuando la cosa se complica. La firma en cuestión es la del secretario del municipio, que sale junto a la del propio Cucalón.

Para la defensa, se utilizó una suerte "de corta y pega". Y para más inri, no del secretario 'que tocaba', sino de uno ya jubilado desde 2015: Luis Barbería. Para la acusación, en cambio, detrás de todo esto están Cucalón y el exconcejal y secretario del consejo de la sociedad José Luis Murcia.

El actual concejal del PP y exalcalde de Aguarón, Juan Carlos Bernal -representado por el abogado Alejandro Navarro- cree que falsificaron los documentos para "intentar que no se viera todo el desfase que había en la sociedad", ya que no es lo mismo hablar de un agujero de 60.000 euros que de uno de 1,2 millones.

El letrado también ve administración desleal por el perjuicio causado al municipio. "No convocaban la asamblea de la sociedad no porque llevase años inactiva sino porque no querían dar explicaciones por los gastos y los intereses", ha subrayado.

No lo ha visto así, ni mucho menos, el abogado de Cucalón, Juan Monclús, que ha reducido todo a una cuestión política y a errores contables sin intencionalidad. En su opinión, "no hay caso", dado que lo que se ha hecho ha sido llevar a la vía penal los desencuentros "personales y políticos" de Bernal y Cucalón.

Para Monclús -que se ha mostrado especialmente crítico con lo "pobre" de la instrucción-, únicamente se puede hablar de "dejadez mercantil". "¿Cuántas sociedades no aprueban sus cuentas en junio como exige la ley y lo hacen tres años después de una tacada?", se ha preguntado.

A este respecto, ha recordado que no ha habido reclamación alguna por parte de los bancos, y que aportar las certificaciones no beneficiaba en nada a su defendido. "El beneficio es para la sociedad, que cumple la obligación legal de depósito", ha expuesto.

La defensa ha pedido la absolución de Cucalón y la condena en costas a la acusación al considerar que tampoco hay administración desleal al no haber habido perjuicio patrimonial. "Nadie ha metido la mano en la caja", ha llegado a decir durante su alegato final.

Y sobre la polémica de las firmas, los abogados de los acusados lo tienen claro: alguien intentó tenderles una trampa, tesis que la defensa ha querido avalar con una perito caligráfica.

Mucho menos claro lo tiene la Fiscalía, que ha mantenido la pena de prisión contra Cucalón y le ha añadido una petición de inhabilitación por dos años. Sí ha retirado la acusación, en cambio, contra José Luis Murcia.

Para el Ministerio público ha quedado acreditado que entre 2016 y 2019 Cucalón era el único que podía emitir certificaciones al registro mercantil de las actas correspondientes a dichos ejercicios. "Tenía dominio del hecho", ha subrayado, recalcando que las juntas necesarias para aprobar las cuentas "nunca se efectuaron", algo que ha reconocido hasta el propio regidor.

Habla Cucalón

A Cucalón, acostumbrado a la polémica, se le ha visto tranquilo durante el juicio. A preguntas de la fiscal ha reconocido que no había libro de actas. Que se hacían era "impepinable", pero nadie ha sido capaz de encontrarlas. Lo mismo ocurre con el registro de contabilidad. Estar, estaría, pero la sociedad lleva 15 años inactiva...

El también presidente de la comarca Campo de Cariñena ha asegurado no saber quién remitió las certificaciones, ya que entonces no era alcalde. Es más, ha dicho que no vio los cuatro documentos hasta que se los enseñó su abogado en su despacho. Con todo, ha reconocido que estuvo como presidente de la sociedad hasta un año después de dejar la vara de mando "porque nadie quería hacerse cargo".

Cucalón ha negado ser el autor del 'corta y pega' de las firmas. Tampoco fue él, siempre según su versión, quien encargó tramitar las cuentas de 2016, 2017, 2018 y 2019 a la empresa Web Asesores. "Entonces, la sociedad no estaba para hacer encargos a nadie, no tenía ni un céntimo y yo no podía ni entrar a la Alcaldía", ha defendido.

Lejos de quedarse ahí, ha dicho que la sociedad no debe nada, 'únicamente' 340.000 euros no "no están ni reclamados por las entidades financieras". También ha sido claro al ser preguntado por sus desencuentros con Bernal. Tanto es así que ha asegurado que igual todo esto se debe a que él ganó las elecciones y el PP no.

Juan Carlos Bernal

Bernal, el concejal del PP del que parte la denuncia, ha insistido en que él pidió explicaciones "verbalmente" en multitud de ocasiones sobre el estado de las cuentas de la sociedad. Su error, como él mismo ha reconocido, fue no reclamarlas por escrito. "Lo único que se me decía es 'ya se te darán", ha recordado.

Esa documentación, sin embargo, no llegó hasta que cogió la vara de mando en 2021 fruto de un acuerdo con CHA. "Nos costó seis meses", ha dicho, recalcando que ni siquiera había libros de contabilidad, lo que hacía "imposible" comprobar los pagos a proveedores o empresas.

El concejal ha confirmado que, aunque durante los primeros años sí se les explicaba lo que se pretendía hacer a través de la sociedad, llegó un momento en el que "no había ningún movimiento". Todo esto le llevó a presentar denuncia cuando llegó a la Alcaldía en 2021. Aquel año se presentó, también, un concurso voluntario para disolver la mercantil, que llevaba más de una década sin actividad.

El concurso, ha dicho Bernal, era necesario para que el Ayuntamiento pudiera optar a subvenciones. Al abogado de la defensa, sin embargo, le ha extrañado que ningún concejal de la oposición denunciara el estado de la mercantil en todos estos años.

Alberto Ruesca

Otro de los testigos clave ha sido Alberto Ruesca, alcalde entre 2019 y 2021, actual concejal por CHA y presidente, en su día, de la sociedad. "El tiempo que yo fui presidente lo dedicamos a intentar disolverla. Yo siempre decía que había que hacerlo", ha afirmado.

Él puso en marcha una auditoría, pero quedó paralizada al ceder la vara de mando. Tras él han comparecido otras de las concejalas que pasaron por el Consistorio en anteriores mandatos. Trinidad Soguero, una de ellas, ha asegurado que les daban información de la sociedad en los plenos, argumento que posteriormente ha sido utilizado por la defensa, pero que no conocía al detalle los intereses o las deudas acumuladas, a lo que se ha agarrado la acusación.

En este mismo sentido se ha pronunciado Alicia Artigas, edil entre 2011 y 2019. "Sabía que se habían pedido préstamos y adquirido fincas y que posteriormente se embargaron los terrenos, pero cuando yo entré en el Ayuntamiento, la sociedad ya no tenía ninguna actividad. A la hora de aprobar el presupuesto se nos decía que estaba inactiva", ha aseverado.

Cámara de Cuentas

La mercantil llegó a ser analizada por la Cámara de Cuentas, que denegó opinión por falta de datos. Ignacio Vaquero, uno de los auditores, ha reconocido que existían "grandes lagunas" y que prácticamente se encontraron la poca información existente "amontonada en cajas". "Con la información que había no se podía hacer nada, no había datos para emitir una opinión, fuera desfavorable o no", ha declarado.

En este punto, el abogado de Cucalón ha recalcado que la obligación de conservar los documentos es de seis años y que el análisis se hizo en 2022, cuando la sociedad llevaba ya años inactiva.

Web Asesores

Durante el juicio también ha comparecido Rafael Serrano, representante de la empresa Web Asesores, que mantuvo relación profesional con el Ayuntamiento y con la sociedad. Su papel era dar asistencia técnico-contable a partir de los datos que les facilitaban desde la empresa y el Consistorio.

A ellos les pagaba el Ayuntamiento, ya que la sociedad "no tenía un duro". Serrano ha insistido en que ellos hicieron el encargo "y ya", desvinculándose de la gestión de las cuentas.

Lo que les llegaba demostraba una "inactividad tremenda, total y absoluta". Tanto es así que, una vez se paralizó la actividad, las cifras se copiaban de un año para otro, respetándose únicamente un presupuesto de 600 euros para gastos administrativos.

Por la Audiencia Provincial también han desfilado antiguos secretarios de la localidad. Fernando Comuñas, uno de ellos, ha reconocido que había muchas quejas "de todo tipo" por parte de los concejales de la oposición, corroborando la versión de Juan Carlos Bernal. "De la sociedad se hablaba en los plenos, se hablaba bastante en ruegos y preguntas", ha agregado.