Los choques entre Aragón y el Gobierno de Sánchez se multiplican: de la quita a los migrantes, la energía y el agua

A Aragón se le acumulan los frentes abiertos contra Pedro Sánchez. Los choques con el Gobierno de coalición ya no solo vienen por la financiación, la inmigración ilegal o la "falsa" condonación de la deuda. La energía, y también el agua, han abierto nuevas brechas entre el Pignatelli y la Moncloa, una escalada que promete ir a más conforme se acerquen las elecciones.

La lista de recursos y alegaciones del Ejecutivo de Jorge Azcón contra las políticas del PSOE es cada vez más larga, siendo prácticamente Industria y Defensa las únicas grandes áreas en las que, de momento, prima el entendimiento.

El objetivo, defienden desde la DGA, no es otro que proteger a Aragón de las cesiones de Sánchez a sus socios independentistas. La oposición, sin embargo, no lo ve así y señala a Azcón por buscar la confrontación únicamente con fines políticos, unas acusaciones que volvieron a repetirse esta pasada semana en el debate sobre el estado de la Comunidad.

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El reparto de menores migrantes es el mejor ejemplo para explicar toda esta situación. Azcón y la Consejería de Bienestar Social y Familia anunciaron que recurrirían todos y cada uno de los actos administrativos vinculados al real decreto y así lo están haciendo, aunque su cumplimiento está garantizado.

Desde la DGA insisten en que se trata de un reparto injusto y arbitrario que atiende a las necesidades personales de Sánchez, argumentos con los que han ido al juez. Además, el Pignatelli ha anunciado alegaciones individualizadas a todos y cada uno de los expedientes para hacer ver su malestar.

Lo último ha sido presentar un escrito ante el Ministerio exigiendo que detalle los criterios que se han utilizado para el reparto. "No tenemos ninguna información que nos haga pensar que se han seguido unos criterios objetivos", decía la vicepresidenta, Mar Vaquero, este viernes.

Con todo, a Vox le sigue pareciendo insuficiente para desbloquear la negociación del presupuesto. Para los de Alejandro Nolasco, PP y PSOE son igual de culpables por fomentar una política de "puertas abiertas" que da alas a las mafias, un rechazo que está llamado a marcar la política autonómica de estos próximos meses.

Otro ejemplo de la falta de entendimiento, también del último Consejo de Gobierno, es el de las alegaciones presentadas al anteproyecto de la condonación de la deuda. Al Ejecutivo popular no le salen las cuentas y asegura que aplicando criterios como el sobreendeudamiento real se le tendrían que perdonar 485 millones de euros más.

Aún así, no está dispuesto a aceptar lo que sería un "mal negocio para Aragón y los aragoneses", que tendrían que pagar 253 euros más por persona mientras que otras comunidades como Cataluña o Castilla-La Mancha verían significativamente reducida su deuda.

Otra gran política que ha acabado en los tribunales ha sido la energía. Ni la ley que sacó adelante Javier Lambán -echada para atrás por una cuestión de forma- ni el 'nuevo' texto de Azcón, que contó con el apoyo del PSOE en las Cortes de Aragón y recupera el 80% del texto original, ha gustado al Gobierno de Sánchez. Dice que invade competencias estatales, y por eso lo ha vuelto a llevar al Tribunal Constitucional.

En este caso se optó primero por el diálogo, con una mesa a dos que consiguió acuerdos en parte del articulado. Sin embargo, las diferencias han podido más y la ley, clave para el desarrollo tecnológico de la Comunidad, podría volver a ser tumbada por la Justicia. El caso es que esta vez se han recurrido más aspectos que en la anterior, algo que no entienden desde el Ejecutivo popular.

Todo esto hace que grandes acuerdos como el apoyo del Ministerio de Margarita Robles al hub de Defensa o las reuniones con Transportes para avanzar en las infraestructuras pendientes en Aragón parezcan 'raras avis'.

Uno de los últimos choques con Moncloa lo comunicó el propio Azcón en el debate sobre el estado de la Comunidad y tiene que ver con el agua.

Concretamente, con el proceso de Planificación Hidrológica de cuarto ciclo, que irá desde 2028 a 2033. El barón popular anunció un "completo listado de alegaciones". "No podemos consentir ni asumir una reducción de las dotaciones de riego de entre el -12% y el -15% como se desprende de estos documentos iniciales. Si finalmente se materializa, el Gobierno de España pone en riesgo un sector estratégico para Aragón", advirtió.

La propia vicepresidenta de Aragón reconocía este viernes que es "obvio" que hay materias en las que no se está teniendo en cuenta el interés de Aragón. Aún así, recalcó que por encima de todo está la lealtad institucional y la colaboración.

"Aragón no tiene ningún interés de confrontar, siempre busca la vía de la interlocución y el contacto", expuso.

El que en su día se antojó un gran logro de la reunión entre Azcón y Sánchez en la Moncloa también presenta ahora problemas. La firma del Fondo de Inversiones de Teruel (Fite) sigue sin producirse, y al Ejecutivo popular se le empieza a acabar la paciencia, como el propio presidente denunció en la tribuna del Parlamento autonómico hace escasos días.