El juez obliga a Aragón a enviar al Ministerio los datos de menores inmigrantes atendidos y las plazas disponibles

Revés al frente judicial que el Gobierno de Aragón ha emprendido contra Sánchez por la gestión de la crisis migratoria. El Ejecutivo de Jorge Azcón tendrá que enviar en las próximas horas los datos de menores atendidos, después de que el TSJ de Madrid ha desestimado las medidas cautelares solicitadas por el Departamento de Bienestar Social.

Este conflicto tiene su origen hace dos meses, cuando, una vez aprobado el Real Decreto-ley sobre el trato de menores inmigrantes, el Ministerio solicitó información a las comunidades autónomas sobre el número de plazas ocupadas y la capacidad máxima para acoger a niños.

Sin embargo, el Gobierno aragonés impugnó este requerimiento de información, siendo la única región que no aportó estos datos. Ahora, dos meses después y pese a que el TSJ de Madrid había admitido a trámite la denuncia, tendrá que remitir el número de plazas al Ministerio.

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Pese a que no hay datos oficiales, desde la Delegación del Gobierno se ha insinuado en las últimas fechas que Aragón estaría atendiendo a unos 190 menores, cuando su capacidad máxima estaría en 400.

El Gobierno de España contraatacó con la amenaza de llevar a Aragón ante el Tribunal Constitucional por negativa a proporcionar datos sobre el número de menores que acoge en estos momentos la Comunidad.

Por otro lado, el TSJ de Madrid sí ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo, rechazando las alegaciones planteadas por el Estado con las que éste pretendía la inadmisión del recurso judicial interpuesto por la Comunidad Autónoma, elevando además su resolución a la Audiencia Nacional.

La pasada semana, el Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso que presentó el Gobierno de Aragón contra el reparto de menores propuesto por Moncloa. En la misma línea se presentaron otros dos recursos de inconstitucionalidad, por las comunidades de Cantabria y Extremadura, que también han sido atendidos por el TC.

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