La Conselleria de Sanidad que dirige la socialista Ana Barceló ha informado hoy de que la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha resuelto denegar la petición de Ribera Salud de paralizar el proceso para entregar a la gestión pública el área sanitaria de Torrevieja, que afecta a 140.000 personas.
La concesionaria recurrió la decisión de "las normas de reversión" que imponía derivar personal de atención sanitaria a hacer inventarios e informes para el paso del departamento de salud a la sanidad pública. El 1 de marzo, toda la Comunidad Valenciana se hallaba en una de las peores olas de la pandemia por Covid-19.
Como la decisión estaba recurrida, no se inició el proceso. Y de nuevo, desde Ribera Salud han comunicado que volverán a recurrirla, por lo que no derivarán a ese personal para cuestiones administrativas hasta que la desisón judicial sea firme.
La Conselleria, por su parte, ha procedido a nombra un nuevo comisionado para fiscalizar la reversión con el rechazo manifiesto de los trabajadores. El exconcejal de Fiestas de Elche, José Ruiz Pérez, se incorporó ayer a su puesto y hoy ha informado de la decisión del TSJCV.
Hoja de ruta
Desde la Conselleria insisten en que el contrato de la Generalitat y Ribera Salud para la gestión sanitaria privada en Torrevieja vence el 15 de octubre de 2021, cuando el hospital de Torrevieja volverá al sistema público.
Para el nuevo comisionado de la concesión, José Pérez, el auto es "un espaldarazo" al proceso que se está llevando a cabo desde la Conselleria de Sanidad para que el Hospital de Torrevieja vuelva al sistema público. "Viene a confirmar que la recuperación del servicio se está desarrollando con la máxima seguridad jurídica", ha manifestado el nuevo comisionado.
De lo que no habla el comisionado es de la investigación que está llevando a cabo el Tribunal Supremo sobre la reversión previa, la que se produjo en 2018 en Alzira. Ni tampoco, sobre le modelo que se seguirá para la nueva reversión. A través de una empresa pública -algo que va en contra de la propia ley aprobada por socialistas y nacionalistas- o mediante la figura del "personal laboral a extinguir".
"La recuperación del departamento de salud de Torrevieja por parte de la Generalitat Valenciana supone un paso adelante en la mejora de la atención sanitaria de los vecinos de los municipios de Torrevieja, Guardamar del Segura, Rojales, Pilar de la Horadada, Orihuela, San Fulgencio, Benijófar, Formentera del Segura, San Miguel de Salinas y Los Montesinos", según la Conselleria.
Y, según Pérez, obedece a criterios de eficiencia: "La atención a la salud de estas personas debe regirse por criterios de eficiencia sanitaria, no puede estar condicionada por otros fines como el beneficio económico".