El 15 de octubre termina la concesión administrativa para la gestión del hospital alicantino, y como ya hizo la coalición de izquierda que preside Ximo Puig  con el hospital de Alzira, está decidido a revertir el servicio a la sanidad pública sin posibilidad de implementar la prórroga de cinco años prevista en contrato. El proceso pretende hacerse, además, en medio de la pandemia, derivando recursos a la reversión que deberían centrarse en la asistencia sanitaria.

La experiencia de Alzira resultó un desastre tanto en datos asistenciales como económicos y laborales para más de un millar de trabajadores abocados a la figura de "personal a extinguir". PSOE, Compromís y Podemos tratan por todos los medios de no repetir esta vez los errores cometidos en Alzira que actualmente investiga el Tribunal Supremo.

Los partidos de izquierda mantienen una posición intransigente hacia la colaboración público-privada en Sanidad. En su apoyo salió el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que ha estimado conforme a derecho la reversión del Hospital de Torrevieja, no dando por buenos los argumentos de la pandemia y la prórroga que proponía Ribera Salud. Albert Rivera lidiará con esta decisión.

Rivera, que dejó la política tras las últimas elecciones de 2019, es en la actualidad presidente ejecutivo del despacho Martínez-Echevarría & Rivera Abogados, especializado en defender a "empresas nacionales e internacionales que operan en España y Portugal".

No obstante, también defiende otro tipo de causas, incluso apartidos políticos. En noviembre, el PP contrató al despacho de Rivera para recurrir ante el Tribunal Constitucional la ley catalana de alquileres. 

Litigio

El exlíder de Ciudadanos es también desde hace unos días el presidente del consejo de administración de la start-up Meeting Lawyers, un proyecto que pretende revolucionar el sector legal con su servicio de orientación jurídica online las 24 horas del día, todos los días de la semana.

Dos millares de trabajadores siguen a la espera de que la Generalitat Valenciana concrete cuál será su situación en apenas cinco meses. Desde Sanidad se está intentando crear una "empresa pública" para evitar repetir el desastre de Alzira. El PP ya ha advertido contra la propia ley que elaboraron PSOE y Compromís en 2018.

El departamento de salud 22 (el que corresponde a Torrevieja) atiende a 160.000 habitantes de la comarca alicantina de la Vega Baja, lindando con la Región de Murcia. Una población que se triplica o cuadriplica en verano, ya que acoge un gran cantidad de turismo, en su mayoría en régimen de segunda residencia.

Pese a contratar a Albert Rivera, Ribera Salud mantendrá a sus otros abogados en el resto de litigios abiertos. Entre otros, el de Alzira, caso que está en el Tribunal Supremo.

El grupo sanitario toma su nombre de la primera concesión ya extinguida, la de Alzira (Valencia). Actualmente gestiona hospitales en toda España, como Vinalopó (Elche), Torrejón (Madrid), Povisa (Vigo), Polusa (Lugo) o Almendralejo (Badajoz). También fuera de España, como en Perú. Y se ocupa de otros proyectos asistenciales como el Laboratorio Clínico de la Comunidad de Madrid, Pro Diagnostic (Eslovaquia), Nefrol Salud (Alicante) u OB Klinika de Pagra (Chequía).