El Gobierno valenciano continúa con sus políticas de recuperar para el sistema público concesiones privatizadas, como en el caso de los hospitales cuyos contratos habían vencido. Este viernes, el Consell ha aprobado el decreto ley que autoriza la creación de la Sociedad Valenciana de Inspección Técnica de Vehículos S. A., una mercantil de la Generalitat para que la ITV (Inspección Técnica de Vehículos) sea, de nuevo, pública.  

Según el Ejecutivo valenciano, la nueva mercantil estará integrada única y exclusivamente por capital público de la Generalitat y contará con un presupuesto de 60.000 euros para su constitución. La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, ha informado tras la reunión semanal del Gobierno de la aprobación de este decreto y la creación de la mercantil, que permitirá salvaguardar la seguridad viaria en las carreteras valencianas, la rebaja de las tarifas para los usuarios y mejorará la calidad, eficiencia y competitividad del servicio, ha destacado.

Oltra ha recordado que con este decreto se procede a recuperar las ITV como servicio público después de su privatización por el gobierno del PP en 1997 por un periodo de 25 años, un proceso que es objeto de las investigaciones judiciales del caso Erial, que investiga una presunta trama corrupta liderada por el expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana.

El caso Erial, en el que está imputado Zaplana -que fue detenido el 22 de mayo de 2018 y puesto en libertad el 7 de febrero de 2019, aunque pasó parte de ese periodo en el Hospital La Fe de Valencia- junto a otros dirigentes políticos y empresariales, se abrió para investigar el supuesto cobro de 10,5 millones de euros en comisiones derivadas de las concesiones de ITV y parques eólicos en la Comunidad Valenciana.

El IVACE será el órgano de supervisión del servicio de ITV una vez finalice, el 31 de diciembre de 2022, el actual, que se realiza de manera indirecta mediante concesión administrativa a siete empresas que ejercen esta actividad por reparto físico del ámbito geográfico.

En septiembre de 2021 se comunicó a las empresas concesionarias la voluntad del Consell de finalizar el vigente régimen de concesión administrativa de la prestación del servicio y, en consecuencia, que el contrato finalizará una vez cumplida su duración inicial, 25 años; que no existirá prórroga, y que se efectuaba la denuncia formal prevista en el expediente contractual.

La sociedad que se creará podrá ser organismo de verificación de control metrológico a los efectos del control de taxímetros, según lo dispuesto en la Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de Metrología y realizar cualquier otra actividad accesoria o complementaria al servicio de inspección técnica de vehículos.