En el año 2020, en plena pandemia, la empresa para la que trabajaba comenzó a trasladarnos a los trabajadores que la matriz italiana de la mercantil se planteaba prescindir de las delegaciones en España. Enseguida planteó un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), como en multitud de empresas españolas, para poder mantener la actividad en mínimos hasta que se reactivase la economía. Sin embargo, la sentencia para nuestros puestos de trabajo estaba dictada independientemente de la rentabilidad probada del proyecto alicantino.
El delegado de personal de la delegación se había presentado bajo las siglas de la UGT, que desde hacía una década nos asesoraba en los convenios colectivos. Incluso a mí directamente, cuando fui delegado de personal años antes, poco antes de acceder a puestos de mayor responsabilidad. Cuando las discusiones laborales en la empresa eran qué segmento de la plantilla debía beneficiarse más de los buenos resultados económicos, los más veteranos que acumulaban experiencia o los recién llegados, con sueldos más bajos. Hablo de antes de la crisis económica de 2008.
Se preguntarán qué les importa a ustedes esta experiencia tan personal y aparentemente anodina. Es un ejemplo que tal vez les parezca cercano. Con aquel ERTE de 2020, desde la UGT se nos aconsejó a los trabajadores afiliarnos ante el proceso de ERE que nos venía encima, con la promesa de tener abogados laboralistas de del sindicato si los necesitábamos cuando llegasen los despidos. Y así lo hicimos. 48 euros al trimestre de cuota que yo he mantenido hasta esta semana en la que he devuelto el recibo. Finalmente nuestros delegados de personal negociaron a finales de 2020 un acuerdo relativamente ventajoso con la empresa antes de ser despedidos.
No me desafilié de UGT cuando comencé a trabajar en EL ESPAÑOL porque creía que los miembros de ese sindicato en Alicante realmente nos habían ayudado y que en un futuro podrían volver a hacerlo. No tengo nada en contra de la plantilla de UGT Alicante, considero que en términos generales hacen bien su trabajo y el dinero de mi cuota también servía para que pudiesen seguir desarrollándolo con otros trabajadores menos afortunados que yo. Como bien señala la Constitución de 1978, "los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a defender y promover sus propios intereses económicos y sociales".
En su día yo estudié en mi manual de Teoría del Estado (Blas Guerrero, Cotarelo, 1988), que "el paso del tiempo y el impulso del Estado Social de Derecho ha llevado a reconocerles", a los sindicatos como asociaciones privadas, "funciones de participación de gran significación en la vida democrática". Lo mismo que a las asociaciones empresariales. Debido a las funciones de interés público que desempeñan, se les otorga una naturaleza jurídica y protección constitucional más relevante que a otras asociaciones, casi a la par que la de los partidos políticos, aunque en el caso de la izquierda "no exista una clara diferencia de objetivos pero sí de los medios" para llevarlos a término. Y todavía lo sigo creyendo.
Sin embargo, lo ocurrido a principios de esta semana cuando el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha salido de la caverna en la que lleva escondido 8 años -los mismos que lleva gobernando el PSOE de Pedro Sánchez- para pactar con el secretario general de CCOO, Unai Sordo, una huelga general, lo he vivido como una traición a todos los trabajadores de este país. UGT se ha puesto de lado del Gobierno que ha aumentado los impuestos a todos los trabajadores una media de 3.600 euros anuales y sin embargo no le han hecho a Sánchez una huelga general. Pero ahora se pliegan y plantean a los trabajadores hacer una huelga preventiva ante la más que posible alternancia (base de nuestros sistema político) en el poder y la llegada a la Moncloa de un inquilino del bloque conservador.
![El ministro de Hacienda, Arcadi España, a su llegada a una sesión plenaria en el Senado.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11370388.jpg?p=w:320\/h:240&h=G3GZedyY"])
Ambos sindicatos justifican la huelga general en la crisis de acceso a la vivienda y en la necesidad de garantizar salarios suficientes para pagarla. Pero, ¿quién ha sido el responsable de que lleguemos a esta situación tras 8 años en el Gobierno? Pedro Sánchez, quien va a utilizar esta huelga general para movilizar a su electorado y a la izquierda de su izquierda, que bastante escorada está ya. Lo demás es engañar a sus afiliados y quienes de buena fe creemos que los sindicatos están para algo más que ser meros bastones de apoyo de los partidos de izquierdas.
Pues bien, yo le digo a UGT: "No con mi dinero ni en mi nombre" y sigo aquel consejo de que "el que pueda hacer algo, que haga". Yo, en mi caso, desafiliarme de la organización traidora a los asalariados españoles.
P.D.: Por cierto, en el sello del documento de mi baja en el sindicato se equivocaron de mes y en vez de poner 7 de octubre, pusieron 7 de septiembre. Quiero pensar que se trató de un simple lapsus.