A principios de enero, en una batería de preguntas parlamentarias, el diputado Agustín Almódobar preguntó al Gobierno, a la socialista Reyes Maroto (ministra de Turismo) y a la podemita Ione Belarra (ministra de Derechos Sociales) si se ha constituido un grupo de trabajo para planificar las condiciones y actualización de precios del programa del Imserso para la temporada 2023-24 que comienza en octubre para que no se produzcan los problemas de este año.

Desde el Gobierno se ha respondido genéricamente que están en plazo. Esta respuesta asegura el diputado alicantino, choca con las pretensiones del sector hotelero que está esperando una reunión ya que mientras que Maroto siempre se posiciona con el sector, Belarra termina por rebajar las pretensiones de éste.

Este rifirrafe parlamentario se produce en un momento en el que los empresarios de la Costa Blanca aseguran estar trabajando "por debajo del precio de coste" ya que la Administración paga entre 22 y 24 euros por usuario del programa y la Generalitat ha aumentado ese dinero en 6 euros para compensar al sector.

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Con ese dinero, el empresario de los hoteles tiene que pagar habitación con régimen de pensión completa (desayuno, comida y cena), animación, servicio médico y climatización en un momento en que los precios han aumentado con la inflación y la subida de remuneraciones. Y eso que un estudio de la UA de hace cuatro años ya afirmaba que el coste del servicio se situaba en los 34 euros.

A este respecto, la respuesta del Gobierno ha sido que "los precios justos a abonar a los operadores hoteleros cabe indicar que la Administración General del Estado a través del Imserso, no mantiene ninguna relación contractual con los establecimientos hoteleros que participan en el programa ni fija los precios que perciben por su participación como servicio incluido en el paquete turístico. Dichos operadores contratan con total libertad con las UTE adjudicatarias del programa".

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A juicio de Almodóbar esta respuesta es falsa ya que es el Gobierno quien presupuesta el programa y hace la adjudicación a la UTE con los criterios que esta oferta. "Por eso, el sector recela con una posible prorroga de las condiciones de este año para el que viene, cuando se verán obligados a renunciar al programa y abrir los hoteles en invierno como ya ha hecho la Costa Dorada".

En cualquier caso, desde el Ministerio de Derechos Sociales aseguran que todavía hay tiempo para un nuevo procedimiento de adjudicación del programa (entre seis y ocho meses antes del inicio del contrato) y que se están manteniendo las reuniones periódicas de la Comisión Ejecutiva y el Consejo General del Imserso, cada mes y cada trimestre, respectivamente.