Las empresas españolas sufren unos 82.000 ciberataques al año, con un coste medio de 75.000 euros. Estas son una de las conclusiones con las que el Colegio de Economistas de Valencia quiere alertar de un problema que genera unas 300.000 denuncias anuales.

Ante el avance de la digitalización en las empresas, los ponentes han coincidido en la doble necesidad de apostar por la prevención y la formación. Aunque a priori, las informaciones que se conocen son las relativas a grandes empresas, las pymes son también uno de los sectores más afectados. De hecho, como ha manifestado el decano Juan José Enríquez los ciberataques a pymes se traducen en un coste medio de 75.000 euros, sobre todo porque la gran mayoría de ellas piensan que los ciberataques son algo ajeno.

Rafael Rosell de S2 Group, ha relatado que España es uno de los países más atacados de Europa, de hecho, el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) indica que "se produjeron 82.000 incidentes en 2020, una tendencia que seguimos en 2021; lo que resulta francamente alarmante".

En este sentido, Rosell ha explicado que, en la actualidad, todo nuestro ámbito de negocio lo tenemos en una red y, por tanto, es más sencillo dañarnos. Y no es solo el rescate que en una pyme puede estar en torno a diez mil euros y en una gran empresa sobre cien mil euros, sino todo lo que tendremos que reparar después y lo que no se ve.

Denunciar para protegerse

Del daño que produce un ciberataque ha hablado Selva Orejón. Este experto ha insistido en la necesidad de monitorizar e identificar las credenciales cifradas así como hacer seguimiento de los registros de marca del nombre de la empresa en otros países. En su intervención ha destacado la importancia del cifrado de la documentación confidencial de la empresa.

Rosell ha indicado que esta madurez también pasa por denunciar, porque aunque se producen unas trescientas mil denuncias de delitos, lo cual supone un creciente del 32%, "denunciamos un 10 % menos de lo que deberíamos". Tanto es así que alerta del peligro que implica no hacerlo. "Es absurdo", señala sobre la actitud de silenciarlo, "porque enseguida en el mundo háker se sabe y se comparte. Y esto también va en perjuicio de la empresa afectada".

Tanto Selva Orejón como Rafa Rosell han coincidido en insistir en la importancia de no pagar rescates. Y no solo porque es un delito hacerlo, sino que a través de estos pagos se financian actividades delictivas, terrorismo o tráfico de drogas. A eso han añadido que, en caso de pagarlo, "ya queda registrada entre el mundo háker como pagador, por lo que otros también la atacan y lejos de solucionar el problema, lo agravan".