La Generalitat, a través de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, presentará alegaciones a todos los deslindes propuestos por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en la costa de la Comunitat Valenciana.

El director general de Puertos, Aeropuertos y Costas, Vicente Martínez Mus asegura que las propuestas de Madrid "merman los derechos de los vecinos perjudicados, ya que el territorio afectado pasa a ser propiedad pública".

Ese es el mensaje que ha transmitido este jueves a la Asociación de Afectados por la Ley de Costas de Dénia, como recogen a través de un comunicado. En él, Martínez Mus asegura que "la Generalitat se coloca al lado de los vecinos frente al expolio injustificado que el Gobierno de Sánchez quiere hacer en nuestra costa, ya que se trata de un hecho muy dramático y traumático allí donde se producen los deslindes".

[El anuncio de demolición de hasta mil de casas en Dénia calienta la manifestación contra Costas en Madrid]

Para el director general "allí donde hay problemas de regresión, donde se está perdiendo playa, en lugar de hacer las obras de recuperación pertinentes, lo que se hace es quitar la propiedad a los vecinos que han ido perdiendo terreno delante del mar".

En la Comunitat Valenciana los últimos expedientes de deslinde han sido en las costas de Puçol, Bellreguard y Dénia. En este municipio alicantino, ha indicado Martínez Mus, "hay uno en marcha y ahora se han convocado dos tramos más".

En este sentido, el director general ha reiterado que la Conselleria va a alegar en todos los procedimientos de deslinde. Y, centrándose en particular en el de Dénia, Martínez Mus ha comunicado a los vecinos que comparecerá en representación de la Generalitat para presentar todas las alegaciones que se estimen oportunas el próximo 7 de noviembre, el día en que se celebrará el acto de delimitación de los terrenos.

[Una propuesta de cambio de la Ley de Costas de Murcia da esperanzas a los poblados maritimos de Alicante]

El comunicado concluye con Mus recalcando su posición sobre la pérdida de la propiedad que atribuye a la decisión del Gobierno. Así, el director general reitera que, "a través de un acto administrativo, que viene a ser una orden ministerial, se traza una línea y todo lo que queda dentro pasa a ser propiedad estatal, de dominio público marítimo terrestre y cualquier vivienda o construcción que esté dentro ve reducidos sus derechos, aunque tenga escritura".