El Gobierno de España ha dejado sin ejecutar "unos 22.700 millones de euros" en inversiones en la Comunidad Valenciana que venían reflejadas en los Presupuestos Generales del Estado de los últimos ocho años, según un informe de la Cámara de Contratistas de la región. Las mismas fuentes estiman que ello hubiese "supuesto la creación de 585.660 puestos de trabajo" a tiempo completo, y "un retorno fiscal de 11.123 millones de euros". 

El estudio impulsado por esta entidad empresarial analiza el periodo que va desde 2015 (en las elecciones que ganó Mariano Rajoy, del PP) hasta el proyecto de 2023, aunque ahí aún no se puede evaluar el grado de ejecución. Pedro Sánchez (PSOE) llegó al poder en junio de 2018, gracias a una moción de censura, y ganó las generales de 2020. Desde esa fecha gobierna en coalición con Unidas Podemos. 

En su análisis, la Cámara apunta a que existe un problema evidente a la hora de ejecutar las inversiones prometidas en el territorio, sin que al parecer exista una fiscalización correcta desde los organismos públicos: "Hay una gran diferencia entre las inversiones previstas anualmente y las Liquidaciones presentadas", con "cantidades no ejecutadas que en el último quinquenio alcanzan ineficacias altísimas y por lo tanto preocupantes, en cuanto supone una deficiente o más que mejorable gestión".

[15 años de maltrato presupuestario a Alicante: ¿por qué los gobiernos no invierten en la provincia?]

Es, dice la entidad, "un tema que a nuestro modo de entender, no se le presta la debida atención, ni por el propio Gobierno ni por los poderes legislativos y de control parlamentario (Congreso y Senado), y que debería de analizarse en profundidad, identificar sus causas (eficacia y eficiencia de los poderes ejecutivos: ministerios) y ponerles remedio".

Para llegar a esta conclusión la Cámara de Contratistas desgrana las cifras de dos de los ministerios con mayor presupuesto: el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y el de Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. En el año 2021 el primero tuvo un grado de ejecución del 63,62 %, "con registros muy bajos en Adif (25,60 %) y Adif Alta Velocidad (27,26 %)"; el del segundo fue del 68,27 %.

[El balance de inversiones de 7 años de Puig: Alicante ha recibido 165 millones menos de lo que le corresponde]

La media de ambos fue del 64,29 % sobre un total de 10.690,7 millones de euros, "resultando una inejecución presupuestaria de 3.816 millones". Es decir, casi un tercio del total.

Esta situación no solo continuó, sino que se agravó en el primer semestre de 2022, en el que el Ministerio de Transportes, por ejemplo, solo ejecutó un 17,1 % de las inversiones previstas en la Comunidad Valenciana. Por todo ello, la Cámara pide empezar a "revisar en profundidad" los procesos de redacción de proyectos, contratación administrativa, intervención del gasto, seguimiento en la ejecución de las obras y cuestiones como las expropiaciones o la liquidación. 

Infrafinanciación autonómica... y provincial

La diferencia entre lo que reflejan los Presupupuestos Generales del Estado en inversiones en la Comunidad Valenciana y la ejecución final es un problema recurrente porque supone agravar la infrafinanciación endémica que sufre la autonomía, con unas consignaciones que han estado de manera invariable por debajo de la media española si se tiene en cuenta la población.

El actual Ejecutivo autonómico, formado por PSOE, Compromís y Unidas Podemos, culpa a este problema del espectacular incremento de la deuda de la autonomía. De hecho, la Comunidad Valenciana cerró 2022 como la región más endeudada de España respecto a su PIB (44,4 %), el triple que Madrid. 

["A Alicante le toma el pelo todo el mundo": 500 personas se manifiestan contra la "irrelevancia" de la ciudad]

Especialmente sangrante resulta el caso de Alicante, que lleva dos años a la cola de la inversión per cápita de España. En el primer proyecto que se presentó a finales del año pasado, la provincia era la única del país que no llegaba a los 100 euros por habitante (86), pese a que el montante general del dinero que destinaba el Gobierno había aumentado. 

Esto se debe a que, mientras Valencia y Castellón sus inversiones subían, en Alicante volvían a bajar. Hasta el punto de que a la segunda se le asignaba más dinero global que a Alicante pese a tener apenas un tercio de su población (600.000 frente a 1,9 millones). Esta situación mejoró ligeramente tras el proceso de enmiendas, que permitió a la provincia situarse como penúltima de España, solo por detrás de Jaén.