La reunión del Consejo de Gobierno de la UA este miércoles.

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Educación

La rectora de la Universidad de Alicante preocupada por el estatuto del becario: "Supondrá la caída en las prácticas"

Amparo Navarro alerta de los efectos por la regulación de esta formación del estudiantado y pide que se escuche a la conferencia de rectores.

17 mayo, 2023 16:17
Alicante

La rectora de la Universidad de Alicante Amparo Navarro critica la próxima regulación de las prácticas estudiantiles que prepara el Ministerio de Trabajo. El conocido como estatuto del becario "va a suponer la caída en la oferta" e, incluso, "poner en jaque" este sistema en la educación superior.

Así lo ha trasladado este miércoles en el Consejo de Gobierno de la institución, donde ha lamentado que "se hayan obviado las advertencias planteadas por las universidades". Como explican a través de un comunicado, la mayor discrepancia se centra en la compensación de gastos para las prácticas no remuneradas, que tendrían que asumir las empresas receptoras de estudiantes.

"Entramos en una dialéctica en bucle porque por una parte se reclama más formación práctica y por otra, se entra en conflicto con los proveedores de prácticas a quienes además de gravar por el tutelaje necesario que han de ejercer para que la formación sea óptima, se les exige una compensación económica", explica la rectora.

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"El problema de fondo es que se está haciendo un análisis de las prácticas desde un punto de vista laboral y no académico", recalca. Y ahí el comunicado subraya que representantes empresariales, administraciones y universidades coinciden en señalar que se trata de una medida "difícilmente cuantificable y muy gravosa".

En el mismo sentido se han posicionado diferentes colectivos empresariales, especialmente empresas de menor tamaño o menor capacidad económica, que le han hecho llegar su desaliento "porque al esfuerzo de tutorización que exige la formación de estudiantes en prácticas, se suma la posibilidad de tener que asumir los costes adicionales derivados de esta compensación. La cuestión no es baladí porque limitaría gravemente las oportunidades de formación", reitera Navarro.

La rectora asegura que las universidades "somos las primeras interesadas en que las prácticas de nuestros estudiantes tengan un carácter formativo y no se utilicen como mano de obra barata y, por eso, damos la bienvenida a cualquier regulación y mecanismo que impida que esto suceda. Sin embargo, queremos advertir de que los cambios en los que se está trabajando van en detrimento del propio estudiantado y de su acceso a una formación práctica de calidad que nos permita tener los profesionales que nuestra sociedad necesita".

Cotizar a la seguridad social

La compensación de gastos se une a otro problema añadido y ya regulado que obliga a la entidad receptora al alta y cotización a la Seguridad Social del estudiantado en prácticas, señala el comunicado. De hecho, según apuntan, esta cotización ya tiene efectos disuasorios en este sentido.

Amparo Navarro ha alertado también del agravio entre titulaciones y universidades que podría suponer esta medida, ya que el peso de las prácticas académicas no es el mismo, por lo que en el momento de la graduación, cada estudiante tendrá un tiempo distinto de cotización a la Seguridad Social. En este sentido, Navarro ha puesto como ejemplo las prácticas realizadas en laboratorios propios, que carecerían de cotización, frente a las externas, que sí la tendrían.

La rectora concluye, por tanto, que la fecha de 1 de octubre de 2024 que se ha establecido para el comienzo de la obligación de cotizar a la Seguridad Social por los estudiantes en prácticas "es totalmente inviable, teniendo en cuenta que todavía no se han dado instrucciones claras por parte de la tesorería de la Seguridad Social sobre el procedimiento a seguir que, a buen seguro, requerirá de actuaciones técnicas específicas".

Entre los datos que aporta el comunicado, recuerdan que más del 60 % de las prácticas del estudiantado universitario se realizan en Administraciones públicas públicas, que ya han manifestado su dificultad, y en muchos casos su negativa, para asumir estas obligaciones por no disponer de recursos para hacer frente al coste adicional derivado de las mismas.

Esta situación supone un grave problema para todas las titulaciones, pero es especialmente grave en aquellas regidas por órdenes nacionales o europeas que exigen un mínimo de horas de prácticas obligatorias para completar los estudios y poder obtener el título.