Ciudadanos de Alicante se unirá de forma activa a la moción de su partido en los ayuntamientos para defender la educación "bilingüe", un movimiento que se ha visto respaldado por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que obliga a los centros educativos a aplicar el 25 por ciento en castellano.

La moción fue presentada ayer por los portavoces de los grupos municipales de la formación en el Ayuntamiento de Barcelona, Luz Guilarte; Palma de Mallorca, Eva Pomar, y València, Fernando Giner. En Alicante, se encargará de presentarla a los grupos municipales el coordinador provincial y diputado, Javier Gutiérrez.

Según Gutiérrez, "desde Cs queremos garantizar que ni aquí y ni cualquier otro lugar se atropellen las libertades y los derechos reconocidos de las familias, que deben tener la posibilidad de elegir la educación que quieren para sus hijos"

Se da la circunstancia de que en comarcas como la Vega Baja se ha intensificado el movimiento en contra de la aplicación de la Ley de Plurilingüismo que desde este curso escolar en todos los niveles impone un 25% de valenciano en asignaturas troncales aun cuando los alumnos de 29 de los 141 municipios pueden pedir la exención del estudio de esta lengua por pertenecer a zonas de "predominio lingüístico castellano".

En concreto, la ley de 1983 reconoce este derecho en Albatera, Algorfa, Almoradí, Aspe, Benejúzar, Benferri, Benijófar, Bigastro, Callosa de Segura, Catral, Cox, Daya Nueva, Daya Vieja, Dolores, Elda, Formentera del Segura, Granja de Rocamora, Jacarilla, Monforte del Cid, Orihuela, Rafal, Redován, Rojales, Salinas, San Fulgencio, San Miguel de Salinas, Sax, Torrevieja, Villena. Sólo en el papel. En 2026 será imposible porque todos tendrán que presentarse a las pruebas de acceso a la universidad pasando el examen de valenciano.

"Hay que impedir que la política lingüística esté continuamente en entredicho por la Justicia y sea un foco de desentendimiento y conflictos motivados por las imposiciones nacionalistas, respaldas por el PSOE, que lo único que persiguen es acelerar una inmersión lingüística forzada en la Comunidad Valenciana", explicó ayer Gutiérrez a El ESPAÑOL.

"Aquí es especialmente significativo este asunto. En numerosas ocasiones ha quedado evidenciado el malestar expresado por padres y madres con la Ley de Plurilingüismo tal como se pretende imponer desde el Botánico. Miles de personas han salido a la calle para pedir diálogo y flexibilidad, especialmente en los municipios castellanohablantes", continuó el diputado.

Por eso, ante la cerrazón del Consell, "ahora parece que la única salida es elevar el asunto a los tribunales. Es lamentable que no se pueda llegar a un entendimiento más que a golpe de sentencia en un asunto tan relevante como es la educación", añadió Gutiérrez.

Manifiesto

Durante el acto celebrado en Barcelona se leyó un manifiesto en defensa del español como lengua común de todos los españoles y de rechazo a la imposición lingüística en algunas comunidades bilingües de España.

En el manifiesto se establece claramente que "todas las lenguas oficiales en España son igualmente españolas y merecedoras de protección institucional como patrimonio compartido, pero sólo una de ellas es común a todos, oficial en todo el territorio de España, y por tanto sólo una de ellas, el castellano, goza del deber constitucional de ser conocida y de la presunción consecuente de que todos la conozcan".

Y es que para Cs, "contar con una lengua común es una enorme riqueza para la democracia, aún más si se trata de una lengua de tanto arraigo histórico en todo el país y de tanta vigencia en el mundo entero como el castellano".

En el manifiesto también se critica la permisividad con la que las instituciones acogen términos como "País Valencià" que se desvían de cualquier tipo de legalidad y siguen la senda impuesta por el independentismo de "Países Catalanes".

En este sentido, Cs asegura que no va a aceptar"que semejante terminología identitaria y excluyente, intoxique, adultere y falsee los libros de texto de nuestros niños en las escuelas con mentiras".

"Son los ciudadanos quienes tienen derechos lingüísticos, no los territorios ni mucho menos las lenguas mismas. Los ciudadanos que hablan cualquiera de las lenguas cooficiales tienen derecho a recibir educación y ser atendidos por la administración en ella, pero las lenguas no tienen el derecho de conseguir coactivamente hablantes ni a imponerse como prioritarias en detrimento del castellano", añade el manifiesto.

Concretamente, en Comunidad Valenciana, prosigue el escrito, los tribunales han detallado cómo existe "una discriminación del castellano frente al valenciano en las aulas, concluyendo que esta norma ha supuesto la eliminación de la opción del castellano en la mayoría de los centros sostenidos con fondos públicos”.

Para el partido liberal, "el Estado debe garantizar la libertad lingüística o derecho de opción del ciudadano sin ningún tipo de discriminación e implementar medidas para garantizar los derechos de los castellanohablantes en los centros de enseñanza". Y se "debe garantizar la libertad de los padres para elegir el castellano como lengua vehicular para sus hijos y que se debe posibilitar un bilingüismo integral".

Subvenciones

En declaraciones a los medios, Giner resaltó ayer en Barcelona que "desde 1984 hasta 2020, la Generalitat de Catalunya ha dado más de 30 millones de euros a Acció Cultural del País Valencià (ACPV) y a entidades de su entorno para el fomento del independentismo en la Comunidad Valenciana", además de criticar "la complicidad del PSOE con estas maniobras del separatismo" y advertir que "en la Comunidad Valenciana se está haciendo lo mismo que se hacía en Catalunya en los años 80".

Giner insistió en defender la libertad de los padres "para que sus hijos reciban también educación en castellano y en inglés" y ha alertado que "hay más de 30 municipios donde la educación de 3 a 6 años solo se puede estudiar en valenciano". "Vamos a seguir luchando para frenar el proceso de inmersión lingüística en la Comunidad Valenciana", añadió.