El Ayuntamiento de Benidorm a través de la Junta de Gobierno Local (JGL) ha aprobado la adjuciación del contrato de actuación con caracter de "emergencia" para estabilizar el talud que cayó sobre el edificio Velázquez en la avenida Armada Española a causa de las fuertes lluvias, lo que provocó daños en las viviendas de abajo. 

De esta forma, el Ayuntamiento se hace cargo de forma subsidiaria de la actuación, que supondrá un coste de 431.352,06 euros más IVA, y que posteriormente será repercutido al propietario del suelo. Igualmente se ha aprobado sustituir a la dirección facultativa de dicha actuación por un presupuesto de 51.909 euros.

Los informes municipales establecían la obligación de estabilizar dicho talud, que recaía sobre la propiedad de los terrenos. Para ello el Ayuntamiento tramitó varios expedientes con el fin de lograr que el propietario llevase a cabo dichas tareas de estabilización, sin obtener resultado alguno. En dichos informes se señala además que los desprendimientos pueden aumentar con las lluvias pudiendo causar más daños materiales a las viviendas y a las personas que habitan en ellas.

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La concejal de Urbanismo, Lourdes Caselles, ha explicado que los trabajos necesarios para dotar a la zona de seguridad y evitar que se produzcan más daños “son complejos debido a la dificultad técnica que conlleva tener que retirar los materiales desprendidos y, al mismo tiempo, evitar que caigan otros materiales que se encuentran arriba de estos”. Esa dificultad, indicaba la edil, ha conllevado que se haya tenido que “contratar a técnicos especialistas para buscar la solución idónea para evitar daños mayores”.

Por último, Caselles ha señalado que tras los intentos realizados para que la propiedad consolide y dote de seguridad a los terrenos, sin éxito alguno, “corresponde al Ayuntamiento ejecutar de forma subsidiaria sin más dilaciones dichos trabajos para eliminar cualquier peligro que pueda derivarse de la inestabilidad del talud”. Un coste que, como se ha dicho, será repercutido después al propietario de dicho suelo.

Lourdes Caselles ha recalcado que con esta actuación “intentamos solucionar un problema de hace meses que está perjudicando a los propietarios de viviendas y locales comerciales” y avanzaba que “una vez emitidas las certificaciones finales se repercutirá el dinero gastado, más de 500.000 euros, a los propietarios del suelo porque son ellos los responsables de efectuar el pago”.