El pleno del Ayuntamiento de Benidorm ha aprobado este lunes, de forma definitiva, el convenio de mutuo acuerdo que permitirá la salida de la empresa de Enrique Ortiz de la estación de autobuses, tras abonarle 24,5 millones de euros, y la licitación del nuevo contrato.
El convenio entre el Consistorio y la mercantil participada por Enrique Ortiz, Estación de Autobuses S.L., para dar por resuelto el contrato de gestión de la estación de autobuses y liquidar el contrato de construcción y explotación de la infraestructura se ha aprobado con los votos del Gobierno local.
Las partes han acordado fijar la cantidad de 24.516.647 euros como el total del importe a abonar por la liquidación del contrato resuelto, que corresponde al valor de las instalaciones ejecutadas por la mercantil y pendientes de amortización.
Asimismo, el convenio establece un plazo máximo de seis meses, con posible prórroga de tres meses más a partir de su firma, para que el Ayuntamiento licite y adjudique mediante convocatoria pública el nuevo contrato de gestión de todo el complejo.
Por su parte, la mercantil renuncia expresamente a reclamar las partidas de gastos financieros derivados de las garantías bancarias y el lucro cesante, según han informado fuentes municipales.
Además, el convenio recoge el compromiso de la empresa para ejecutar a su costa los trabajos de rehabilitación integral del complejo conforme a las determinaciones de informes técnicos, con un presupuesto total de 287.141 euros, y a que dichos trabajos estén finalizados en un plazo máximo de dos meses desde el acuerdo plenario de licitación del nuevo contrato.

Sentencia del TSJ

De esta forma, se da también por ejecutada la sentencia del TSJCV de octubre de 2007, ratificada después por el Tribunal Supremo, que obligaba a resolver la concesión y licitar un nuevo contrato para regularizar las instalaciones.
La edil de Urbanismo de Benidorm, Lourdes Caselles, ha defendido el convenio por mutuo acuerdo como "el más favorable para los intereses municipales", ya que todos los informes técnicos recomendaban "evitar el contencioso a toda costa".
Según ha manifestado la regidora, en ese escenario "la empresa no iba a renunciar a reclamar el lucro cesante" y exigía una liquidación de entre 42 y 48 millones de euros a su favor. 
En este sentido, el Partido Socialista ha votado en contra del acuerdo por no incluir un informe del área económica sobre la propuesta de convenio, mientras que los concejales del grupo de Ciudadanos se ha abstenido en este punto de la sesión plenaria.