La urbanización de la polémica en la playa de San Juan.

La urbanización de la polémica en la playa de San Juan. M. H.

Alicante ciudad

Los vecinos de la VPO de Playa de San Juan denuncian el acoso que reciben: "Nos llaman corruptos delante de niños"

Los residentes agilizan la instalación de cámaras y seguridad privada ante el temor a escraches y las amenazas de ocupación en redes sociales.

Más información: El PSOE de Alicante denuncia ante Fiscalía cinco delitos vinculados a la adjudicación de las VPO de Playa de San Juan

Alicante
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Compraron con una cooperativa la que es la vivienda de sus sueños y se han convertido a su pesar en símbolo de la corrupción por la vivienda en España. Los vecinos de la urbanización de VPO en la playa de San Juan de Alicante denuncian sentirse víctimas de una "guerra política" que los ha situado en el centro de una diana pública.

En un encuentro limitado a los medios entre los que ha podido estar EL ESPAÑOL relatan que "nos están exponiendo hasta el punto de que se está colando gente a grabar la urbanización". No quieren dar sus nombres por la exposición ante la que se ven y casos como el de este martes: "Una persona llamó corrupto a uno de los vecinos cuando salía con sus dos hijos".

Apoyados por la asociación vecinal Juntos Avanzamos y con su presidente José Caracena acompañándolos, insisten en que este hostigamiento es constante y variado. "El otro día se fue la luz y una señora empezó a gritar que no pagábamos ni el recibo, cuando era simplemente un temporizador de la pista de pádel que se había apagado", lamenta uno de ellos.

El sentimiento de inseguridad está calando hondo en la comunidad. "Cualquier repartidor de Amazon es ahora una amenaza para nosotros", confiesa un residente. Y explican que se sienten vigilados constantemente por personas que graban vídeos desde el exterior o incluso dentro del recinto.

Ante el temor de que la situación derive en un "escrache" o en intentos de ocupación alentados por comentarios en redes sociales, la comunidad ha tomado medidas drásticas. "Lo que sí se ha acelerado es la puesta de videovigilancia y estamos barajando la contratación inmediata de un vigilante", confirman.

Los vecinos quieren dejar claro que su situación no es fruto de privilegios, sino de un esfuerzo económico personal. "Esto no es vivienda social, es VPO de iniciativa privada; nosotros seguimos pagando nuestras hipotecas", defienden, recordando que el suelo costó 6 millones de euros pagados íntegramente por la cooperativa.

"Nadie que no viva en este residencial nos ha pagado ni un solo metro cuadrado de nuestra vivienda", recalca un afectado para desmentir los rumores sobre subvenciones públicas. Muchos de ellos llevan esperando sus casas desde 2018 y recuerdan que el esfuerzo económico de pagar 60.000 euros antes incluso de tenerla.

El colectivo rechaza frontalmente la etiqueta política que se les ha impuesto. "Dicen que todos tenemos el carnet del Partido Popular para poder acceder; es surrealista, somos 140 familias y cada uno es de su padre y de su madre", explican con indignación.

Señalan directamente a ciertos representantes políticos como responsables de este clima de odio. "Rafa Más es el principal provocador; está provocando que la gente nos odie con vídeos diarios", denuncia un vecino. De hecho, asegura que ha llegado a pensar en emprender acciones legales por injurias.

"Nos están haciendo un daño moral y profesional tremendo al exponernos en nuestros círculos de amistades y laborales", lamentan sobre la difusión de sus apellidos en un medio de comunicación local y redes. Los residentes sostienen que son el "daño colateral" de personas que presuntamente se beneficiaron de su posición, pero exigen que no se generalice a toda la comunidad.

Finalmente, los vecinos piden respeto y presunción de inocencia mientras intentan recuperar la normalidad en sus hogares. "Solo buscamos separarnos de la política; si alguien hizo algo ilícito, que caiga sobre él todo el peso de la ley, pero que nos dejen vivir en paz".