Los activistas del Sindicato de Carolinas, en un reciente desahucio en Alicante..

Los activistas del Sindicato de Carolinas, en un reciente desahucio en Alicante.. Sindicato Carolinas

Alicante

La fractura del alquiler en Alicante: el drama invisible entre la presión turística y los salarios congelados

La oferta de arrendamiento habitual mengua mientras la tasa de lanzamientos se mantiene entre las más altas del país.

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El desahucio de Maricarmen por no poder asumir la actualización de la renta exigida por la propiedad -revertido gracias al Ayuntamiento de Madrid-, ha provocado que el Gobierno central de Pedro Sánchez (PSOE-Sumar) haya aprobado dos decretos in extremis para proteger a los inquilinos ante los lanzamientos de propiedad. En breve se conocerán los resultados (si es que se prueban en el Congreso de los Diputados) sobre el mercado inmobiliario. En el caso de la provincia de Alicante, la vivienda de alquiler tradicional va en detrimento y quienes buscan un alquiler, asisten a un escenario tensionado.

Para comprender la magnitud del problema, es necesario acudir a la radiografía que trimestralmente ofrece el Consejo General del Poder Judicial en informes públicos. Los datos oficiales del primer trimestre de 2026 sitúan a la Comunidad Valenciana como la tercera autonomía con mayor volumen de ejecuciones e intervenciones judiciales sobre el parque habitacional, registrando 741 lanzamientos practicados, de los cuales 513 correspondieron de forma directa a impagos o finalizaciones de contratos de arrendamiento bajo la Ley de Arrendamientos Urbanos.

Y dentro del mapa autonómico, la provincia de Alicante asume un protagonismo desproporcionado al concentrar habitualmente entre el 35% y el 40% del total de estos procedimientos judiciales, disputándose el primer puesto de la región con la provincia de Valencia y superando de largo la intensidad de Castellón.

El fenómeno alicantino presenta matices singulares si se compara con los grandes centros metropolitanos españoles. Mientras que en la provincia de Barcelona los lanzamientos por impago de alquiler representan la abrumadora mayoría de las intervenciones judiciales y las ejecuciones hipotecarias se mantienen en niveles marginales, Alicante muestra una dualidad de casuísticas.

La provincia no solo soporta un elevado volumen de resoluciones contractuales de arrendamiento (con un promedio que saca del ámbito del alquiler más de 160 viviendas mensuales), sino que además encabeza las tasas nacionales de ejecuciones hipotecarias con 405 procedimientos registrados en el arranque de este año 2026. Esta doble presión sobre la vivienda habitual revela una fragilidad socioeconómica estructural que afecta tanto a familias inquilinas como a pequeños propietarios empobrecidos y sobreendeudados.

El trasfondo socioeconómico de esta crisis se encuentra estrechamente relacionado con las dinámicas del mercado de oferta y demanda que refleja el Instituto Nacional de Estadística. El parque total de inmuebles dedicados al arrendamiento en la provincia de Alicante se sitúa en una horquilla estimada de entre 150.000 y 170.000 unidades, pero existe un claro desequilibrio en su tipología.

Apenas entre 90.000 y 110.000 viviendas se destinan al alquiler residencial permanente de larga duración. En contraste, la estadística experimental de medición de viviendas de uso turístico elaborada por el propio organismo estatal sitúa a Alicante como la segunda provincia de toda España con mayor densidad de pisos vacacionales, sobrepasando las 35.000 unidades activas y situándose únicamente por detrás de la provincia de Málaga.

Viviendas de Uso Turístico

De todos modos estos datos hay que ponerlos en contexto con el parque total de la vivienda en la región y en la provincia. El parque total de viviendas de la provincia de Alicante supera los 1,3 millones de inmuebles, por lo que las viviendas de uso turístico (VUT) representan únicamente entre el 2,5% y el 3% del parque provincial total. Y en el conjunto de la Comunidad Valenciana, el porcentaje cae al 1,7% del total de inmuebles residenciales registrados.

Volviendo al alquiler, este fenómeno de trasvase de oferta residencial hacia el ámbito turístico cobra una especial intensidad en la franja litoral y en la comarca de la Vega Baja. Municipios como Torrevieja u Orihuela no solo figuran en los primeros puestos nacionales por concentración de alojamientos turísticos sobre el total del parque edificado, sino que también destacan de forma recurrente en las estadísticas del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana por registrar las mayores tasas de lanzamientos en relación con su población residente.

No obstante, mientras que en las comarcas de la Marina Alta y la Marina Baixa la proliferación de viviendas de uso turístico ha generado una presión asfixiante sobre el alquiler residencial (restringiendo la oferta para residentes permanentes y disparando los precios de los arrendamientos anuales), en la costa de la Vega Baja el modelo presenta un encaje sensiblemente distinto. En municipios costeros del sur como Torrevieja u Orihuela Costa, caracterizados por un urbanismo expansivo de grandes urbanizaciones y una elevada proporción de segunda residencia en manos de propietarios extranjeros, la vivienda vacacional se integra sin provocar el mismo estrangulamiento en el acceso al piso de larga estancia, conviviendo con una demanda tradicionalmente adaptada al turismo de sol y playa.

A este fenómeno se suma la eclosión del alquiler de temporada y por habitaciones, una modalidad que según los registros autonómicos de fianzas de la Generalitat Valenciana abarca ya más de 20.000 inmuebles en la provincia. Este formato, concentrado en torno al campus universitario de San Vicente del Raspeig y las zonas céntricas de la capital y Elche, atrae a la propiedad por su menor regulación y mayor rentabilidad, reduciendo aún más el stock disponible para arrendamientos estables a largo plazo.

La actualización de las fuentes oficiales de oferta inmobiliaria refleja que el precio medio del metro cuadrado en el arrendamiento alicantino ha experimentado un crecimiento sostenido cercano al 10% anual en los últimos ejercicios, impulsado por la fuerte demanda extranjera y el perfil de compradores internacionales de segunda residencia.

Sin embargo, los indicadores del Instituto Nacional de Estadística sobre renta media por hogar sitúan a la provincia de Alicante sustancialmente por debajo de la media nacional y autonómica en ingresos familiares. Esta disparidad entre salarios locales y precios de mercado internacionalizados provoca que el esfuerzo financiero necesario para alquilar una vivienda tipo supere el 40% de los ingresos del hogar medio, rebasando con creces el umbral del 30% recomendado por las instituciones europeas para evitar el riesgo de exclusión social.

A la espera de comprobar cómo se traduce el cambio de normativa aprobado ayer, cabe reseñar que el problema de la vivienda no responde a coyunturas aisladas ni a comportamientos individuales, sino a una reestructuración profunda del mercado inmobiliario.