El jefe de la empresa alicantina de desokupación APD Security Iberia, Antonio Plana, y Pablo Iglesias en Canal Red.
El desokupa que demanda a Pablo Iglesias por llamarle nazi y que ya ganó a Mónica Oltra: "Le da igual la condena"
El jefe de la empresa alicantina APD Security Iberia interpuso una querella por injurias y calumnias contra el expolítico y Canal Red tras sufrir ataques contra su persona y sus empleados.
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Un desokupa de Alicante lleva meses inmerso en una cruzada judicial contra figuras políticas que han denunciado sus actuaciones. Primero fue Mónica Oltra, a quien ganó en un juicio, y ahora Pablo Iglesias y su Canal Red.
El jefe de APD Security Iberia, Antonio Plana, ha interpuesto una querella por injurias y calumnias a Pablo Iglesias y a su medio de comunicación tras ser calificado con términos despectivos y vinculados a la ideología nazi.
El creador de la empresa de Calpe es uno de los desokupas más conocidos del país debido a sus constantes apariciones en medios de comunicación y por ser, como recuerda con orgullo, "el primero en sacar a okupas en directos de televisión".
La repercusión de los casos en los que trabaja le ha hecho ganarse tantos defensores como detractores. Una de las figuras recientes que ha atacado su trabajo y a sus empleados ha sido Pablo Iglesias.
Plana acusa, en una demanda a la que ha tenido acceso este diario, de un presunto delito de injurias y calumnias a Pablo Iglesias y a otras dos personas vinculadas al medio. Argumenta que, durante el mes de octubre de 2025, estos medios y personas difundieron en distintas plataformas —especialmente en X, antiguo Twitter— afirmaciones falsas sobre él y su empresa.
Concretamente, denuncia que le calificaron de "nazi", "neonazi", "empresa de matones" y "prosionista".
La demanda sostiene que estas calificaciones no solo buscaban perjudicar su negocio, sino que también le señalaban públicamente, poniéndole en una situación de peligro a él y a su familia.
Por estos hechos, Plana solicita "la rectificación pública y completa de estas afirmaciones falsas en los mismos canales donde se difundieron, la presentación de disculpas públicas y el abono de una indemnización de 40.000 euros en concepto de daños morales y reputacionales".
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Según el desokupa, los abogados de Iglesias ya se han puesto en contacto para llegar a un acuerdo, una posibilidad que él descarta por completo.
"Lo tenemos claro: no vamos a acordar nada con nadie jamás, porque han vulnerado mis derechos y han opinado sobre mí sin conocerme. Nosotros operamos de forma profesional. Soy director de seguridad y no conozco a nadie más en el sector de las desocupaciones que tenga este título o que trabaje siempre con un perito judicial", sostiene con indignación.
"A mí nadie me ha preguntado nunca si voto a la izquierda o a la derecha. No tengo ninguna inclinación política ni me conocen de nada como para opinar. Me tildan de tener una empresa de nazis cuando tengo trabajando conmigo a personas de color, a extranjeros y a un empleado que entrenó en la academia de Israel y ayuda mucho a ese país.Es la primera palabra que se les ocurre cuando no haces lo que ellos quieren", señala.
El origen en Vallecas
Las acusaciones de Iglesias y de los trabajadores de sus medios de comunicación contra Plana y sus compañeros surgieron a raíz de una actuación en el barrio madrileño de Vallecas el pasado octubre de 2025 que derivó en una pelea multitudinaria.
Las calles de Vallecas se convirtieron en un campo de batalla con una brutal pelea entre Bukaneros (ultras del Rayo Vallecano) y la empresa de desocupación de Alicante, que dejó 16 detenidos.
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Tras una primera visita de mediación, los trabajadores de APD Security acudieron a una vivienda ocupada por uno de los líderes de este grupo, cuando fueron emboscados por más de 30 ultras que salieron a atacar a los desokupas.
Plana recuerda que estaban prestando un servicio a un cliente al que le habían ocupado su vivienda cuando este, al acercarse a su casa, fue golpeado brutalmente en la cabeza por los radicales, que le abrieron una brecha.
"Cuando vimos que no volvía, le llamamos y, no sé cómo, cogió el teléfono y escuchamos los gritos. En ese momento bajamos nueve personas por una ladera cercana para protegerle y nos rodearon más de 40 ultras", relata Plana.
"Estuvimos ayudando a la Policía para que detuviera a los demás; de hecho, la Policía incautó en un gimnasio navajas, machetes, puños americanos y ladrillos", destaca.
Otros de los ataques a su empresa llegaron a raíz de un testimonio falso del que se hizo eco Canal Red sobre una supuesta agresión de uno de sus trabajadores a una mujer okupa.
"Lo de la mujer también se lo han inventado todo. Se la tuvo que llevar la Guardia Civil en ambulancia por orden médica para internarla porque estaba fuera de sí y se quería tirar por la ventana. Hay decenas de informes policiales y periciales que prueban que nosotros ni la tocamos; era ella la que nos tiraba limones y gasolina", indica.
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El mediador critica que "Pablo Iglesias viene presumiendo de descender del pueblo cuando no ha trabajado en su vida. A base de pedir dinero a la gente crea el Canal Red; le da igual que le condenen porque pide limosna y, con que todos pongan un euro, paga las multas de su bolsillo".
Juicio ganado a Oltra
Antes de Iglesias, Plana ya tuvo que verse las caras en los juzgados con Mónica Oltra, quien presentó la acusación del diputado de Compromís Alberto Ibáñez por un presunto delito leve de coacciones y amenazas.
La sentencia, a la que ha tenido acceso este diario, sostiene que el 24 de julio de 2025 el diputado Alberto Ibáñez "intentó acceder a un edificio en la calle Sogueros de Valencia para hablar con la víctima de un posible desalojo. Allí se encontró con un control de acceso realizado por tres personas de APD Security Iberia, la empresa de Antonio Plana, contratada por el fondo de inversión propietario del inmueble".
El denunciante aseguraba que, al salir del edificio, "le agarraron fuertemente del brazo y que el responsable de seguridad le amenazó diciéndole: '...si presentas una denuncia esta noche iremos a tu casa, que sabes dónde vives y te tenemos grabado...'".
Sin embargo, la jueza sentenció que no hubo pruebas concluyentes que respaldaran la acusación.
"Aplazaron el juicio alegando que estaban malos y, cuando les gané, se callaron todos. Yo, como director de seguridad y avalado por la Policía Nacional, tenía autorización para hacer los controles de acceso y cumplí las normas a rajatabla", sentencia el mediador, quien, a pesar de todas las trabas, piensa "seguir defendiendo la propiedad privada".
