Pedro Sánchez con Cristina Narbona en un homenaje a Pablo Iglesias Posse, fundador del PSOE.
La implicación de Cristina Narbona en el 'caso fontanera' recuerda a los regantes alicantinos todos sus agravios
Mientras la Audiencia Nacional investiga las conexiones de la presidenta del PSOE el sureste de España aprovecha el foco mediático para recordar el pecado original de su política hídrica y la entrada de la Nueva Cultura del Agua en el Ministerio.
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La citación judicial de Cristina Narbona por el "caso fontanera" ha devuelto a la presidenta del PSOE al epicentro del ruido político nacional. Pero a cientos de kilómetros de la Audiencia Nacional el eco del escándalo ha despertado fantasmas muy distintos. Para la provincia de Alicante, el regreso de la exministra antitrasvasista a los titulares no tiene que ver con la fontanería partidista, sino un recordatorio de la profunda herida que dejó su paso por el Ministerio de Medio Ambiente.
Veinte años después de la derogación del Trasvase del Ebro, el campo, la política y la economía alicantina se cobran deudas y aprovechan el foco sobre Narbona para reactivar la memoria de sus agravios hídricos y denunciar que, bajo el amparo de aquel viraje ideológico, las decisiones vitales para el sureste español se siguen tomando bajo el influjo invisible de su legado.
Para nada tiene que ver con la sorpresa de una de las personas con peor prensa en provincias como Alicante, tiene que ver con la memoria. Y es que para entender el descrédito de Narbona que estos días resurge en el levante español, es necesario viajar a las elecciones de 2004. Al asumir la cartera de Medio Ambiente, Narbona no solo aplicó un programa electoral; ejecutó un cambio de paradigma total. Abrió de par en par las puertas del Ministerio a la Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA), un colectivo de académicos y ecologistas que impugnaba la ingeniería hidráulica tradicional y los trasvases masivos entre cuencas.
Lo primero que hizo fue derogar el trasvase del Ebro, que había sido aprobado por la mayoría del Congreso. El trasvase se incluyó en la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional (PHN), bajo el segundo gobierno de José María Aznar (PP). En aquel momento, el PP contaba con mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, lo que facilitó su aprobación parlamentaria, aunque también sumó el apoyo de otras fuerzas políticas minoritarias, entre otras CiU.
De este modo, una ley debatida y aprobada en las Cortes Generales, fue cortada de raíz apenas tres años después (en 2004) mediante un Real Decreto-ley de urgencia firmado por el nuevo Consejo de Ministros de Zapatero. De hecho, contaba hasta con el aval de Europa. La ley de 2001 había declarado el Trasvase del Ebro como obra de "interés general del Estado". Eso implicaba una reserva presupuestaria y abría la puerta a la financiación de los fondos europeos (FEDER).
La ministra sustituyó la política de trasvases por las desaladoras (el programa AGUA), elevó la protección ambiental de los ríos a la categoría de prioridad absoluta. Aquello fue visto en Alicante como una declaración de guerra económica. Dos décadas después, el agua desalada sigue encadenada a unos costes energéticos inasumibles para muchos agricultores de la Vega Baja, y las infraestructuras prometidas arrastran el estigma de la ineficacia y el retraso crónico.
📺@isabelbonig: "Todos los regantes saben que quien impulsó el memorándum que blindaba el Tajo-Segura fue el PP y quien quería acabar con él fue el PSOE con Cristina Narbona a la cabeza". #valorSeguro #DebatCortsÀPunt #correctamentepolitica
— Partido Popular Comunitat Valenciana (@ppcv) April 25, 2019
El "Estado profundo" de la gestión hídrica
La clave del análisis actual no radica en lo que Narbona hizo como ministra, sino en lo que dejó dentro del aparato del Estado. El sector agroalimentario alicantino y los sucesivos ejecutivos de la Generalitat Valenciana coinciden en un diagnóstico: la "Nueva Cultura del Agua" se convirtió en la doctrina oficial del cuerpo técnico del Ministerio y de las Confederaciones Hidrográficas (particularmente las del Tajo y el Júcar).
![Una ilustración con el Rosco y, en el centro, Pedro Sánchez.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11279934.jpg?p=w:1706\/h:960&h=y3WIFCfL"])
Han pasado ministros y gobiernos de distintos colores pero la estructura funcionarial, los redactores de los Planes Hidrológicos y los técnicos encargados de visar los caudales ecológicos permanecen. Desde esta perspectiva, las decisiones más recientes y polémicas del actual Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Ribera -como el blindaje de los caudales ecológicos del Tajo que recorta por defecto el envío de agua al Segura- no son hechos aislados. Son la consecuencia lógica de una maquinaria burocrática moldeada en la era Narbona, un "Estado profundo" (o deep state) ecológico que opera con criterios técnicos fuertemente impregnados de una ideología concreta.
Para colmo, con la nueva política hídrica otro trasvase dentro de la misma comunidad autónoma, el del Júcar-Vinalopó, sufrió tal golpe que todavía 20 años después no está del todo operativo. Narbona y sus técnicos cambiaron en 2005 la toma de agua de la conducción desde Cortes de Pallás en la cabecera del río al Azud de la Marquesa de Cullera, en su desembocadura. Y la contaminación en este punto hacía imposible la llegada de aguas a determinados cultivos que se nutren de aguas limpias.
Se trataba de un agua con un altísimo nivel de salinidad, nitratos y conductividad, que los agricultores alicantinos consideraban que "quemaba" sus cultivos tradicionales (como la uva de mesa del Vinalopó o los frutales). Además, al bajar el agua al nivel del mar para conducirla posteriormente a Alicante había que volver a impulsarla hacia arriba salvando un gran desnivel geográfico. Esto multiplicó los costes de la energía para el bombeo, encareciendo el precio del metro cúbico para los regantes.
También como ministra, en la provincia de Alicante, la política de Costas de Cristina Narbona consistió en la aplicación a rajatabla y con un criterio estrictamente restrictivo de la Ley de Costas de 1988. Durante su mandato, se impulsó de forma masiva e implacable el procedimiento de deslinde:
Lo hizo en Dénia y Guardamar, que todavía sufren las consecuencias de su nefasta política a juicio de los propios vecinos, pero también en otros municipios como Elche o Calpe.
