El conseller Miguel Barrachina durante la entrevista concedida a EL ESPAÑOL
Generalitat y regantes blindan el futuro del Júcar-Vinalopó tras el aval judicial al convenio del trasvase
El conseller de Agricultura preside una reunión clave con Ángel Urbina y la secretaria autonómica, Sabina Goretti, y la directora general de Agua, Lourdes María Pérez Berná, para coordinar la respuesta técnica a la sentencia del TSJCV.
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La Generalitat Valenciana y los regantes de la provincia de Alicante se citan este miércoles en una cumbre técnica y estratégica de primer orden para definir el horizonte hídrico del Vinalopó. En un momento marcado por la necesaria clarificación tras la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), el conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, recibirá en la sede de la conselleria a la cúpula de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, l'Alacantí y Consorcio de Aguas de la Marina Baja (JCUV).
La mesa de trabajo contará con la presencia de Ángel Urbina, figura fundamental en la defensa de los derechos de los regantes, la secretaria autonómica de Medio Ambiente, Sabina Goretti, y la directora general de Agua, Lourdes María Pérez Berná.
El encuentro tiene tres ejes fundamentales: el análisis de la resolución judicial que avala la vigencia del trasvase, el estado de ejecución de las obras del postrasvase y la situación crítica del embalse de San Diego en Villena. El punto de partida de la reunión es, sin duda, el espaldarazo jurídico que el TSJCV ha dado a la infraestructura.
A pesar de los intentos de asociaciones ecologistas valencianas por declarar extinguido el convenio original de 2007, la sentencia 138/2026 de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo desestima la demanda en lo referente a la validez de dicho acuerdo y su posterior adenda. Esto supone un hito de seguridad jurídica, ya que queda acreditado jurisprudencialmente que el Trasvase Júcar-Vinalopó está plenamente vigente y tiene capacidad legal para operar con normalidad.
La justicia ha validado la tesis de la Administración y de los regantes, que defendían que el convenio no ha caducado por la naturaleza de la obra, una infraestructura de interés general con una inversión superior a los 250 millones de euros que requiere plazos de amortización y operatividad de larga duración.
Si bien el tribunal ha anulado dos resoluciones puntuales de transferencia de agua autorizadas en febrero de 2024, esta decisión se basa exclusivamente en un defecto de procedimiento temporal. En aquel momento aún no se había aprobado formalmente el Plan de Explotación de las masas de agua subterránea del Vinalopó, una condición técnica que exigía la normativa del Plan del Júcar.
Sin embargo, como analizarán mañana el conseller y Ángel Urbina, este revés formal carece de efectos prácticos inmediatos sobre la operatividad actual, ya que el citado plan de explotación ya fue aprobado por la Confederación Hidrográfica del Júcar en febrero de 2025, subsanando el requisito que exigía el tribunal.
![Las dos respuestas parlamentarias de Sánchez con dos años de diferencia, sobre una imagen de la balsa de San Diego.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2026\/03\/28\/actualidad\/1003744187967_262183119_1706x960.jpg"])
Además, la anulación no conlleva consecuencias sobre las transferencias ya realizadas, al no haberse acreditado daños patrimoniales ni ambientales derivados de dichos envíos de agua.
Superado el debate jurídico sobre la vigencia, la reunión se centrará en la infraestructura física, especialmente en el embalse de San Diego. Esta balsa, que debería actuar como el gran pulmón de almacenamiento para el sistema Vinalopó-Alacantí, sigue siendo la asignatura pendiente por sus problemas de impermeabilización.
La Generalitat y los usuarios evaluarán la presión necesaria sobre el Gobierno central para que ejecute de una vez por todas las reparaciones definitivas. Sin una balsa de San Diego operativa al 100%, la eficiencia del trasvase se ve mermada, impidiendo aprovechar los caudales excedentarios del Júcar en los momentos de mayor disponibilidad.
![El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca de la Generalitat Valenciana, Miguel Barrachina, frente a la escultura de 'La Aguadora' de Alicante](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2026\/03\/21\/actualidad\/1003744179067_262067427_1706x960.jpg"])
El objetivo del Consell es que el Estado cumpla con su compromiso de inversión para que la infraestructura deje de ser un "enorme recipiente vacío" y pase a ser la garantía de suministro que los acuíferos alicantinos necesitan para su recuperación. Finalmente, la cumbre abordará el calendario de las obras del postrasvase. La Generalitat mantiene su apuesta por finalizar los tramos pendientes que deben conectar la tubería principal con las zonas de riego de las comarcas alicantinas afectadas.
Con el aval judicial en la mano, el mensaje que el conseller y los representantes de la JCUV pretenden lanzar es de estabilidad y firmeza. El Júcar-Vinalopó no es solo una obra de ingeniería, sino el eje sobre el que pivota la sustitución de extracciones subterráneas de acuíferos sobreexplotados por recursos superficiales, asegurando la sostenibilidad ambiental y económica de una zona que, pese a los litigios, sigue demostrando ser el motor agrario de la provincia. Mañana, en la Conselleria, se pondrán las bases para que el 2026 sea, por fin, el año del agua definitiva para el Vinalopó.
