Funcionarios de Fontcalent temen un colapso con la nueva ley para multirreincidentes: "No hay espacio para lo que viene"

La nueva ley de multirreincidencia, que entró en vigor el pasado viernes, sacará a muchos delincuentes de las calles que acabarán en el Centro Penitenciario de Alicante Cumplimiento, más conocido como la prisión de Fontcalent, donde sus funcionarios temen las consecuencias que puede ocasionar la medida en un centro que ya está colapsado.

Con la nueva norma, las personas que hayan sido condenadas tres veces por hurtos u otros delitos leves (menos de 400 euros), que antes no comportaban penas de prisión, ahora podrán enfrentarse a hasta tres años de encarcelamiento.

Si bien la ley responde a una demanda de gran parte de la población, que pedía mayor seguridad y menos impunidad para los delincuentes menores, el problema ahora se traslada de las calles a las celdas de las prisiones.

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El delegado sindical de ACAIP-UGT en Alicante, Emilio José Flores, muestra su preocupación por las derivadas de la nueva ley y señala que "el centro ya está en sus máximos históricos; duplica la capacidad original que tenía".

Actualmente, la cárcel actúa como un pequeño pueblo donde residen aproximadamente 1.000 internos en unas infraestructuras que fueron creadas para 500.

Flores destaca que, cuando la norma de la multirreincidencia se aplique, "el número va a subir muchísimo y hoy por hoy ya no tenemos capacidad operativa para aceptar todo lo que nos viene".

Así, la falta de personal hace que haya un funcionario por cada 100 internos.

"La Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que tiene el centro es del año 1996, y con ese mismo personal que estaba pensado para 500 internos trabajamos con más de 1.000", sostiene Flores.

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Módulos abandonados

Fontcalent también es un centro para preventivos, lo que quiere decir que todas las detenciones judiciales de la provincia con prisión provisional van a Fontcalent.

"Además, asumimos ingresos voluntarios; cualquier interno con condena firme debería ir a un centro de cumplimiento, como Villena, pero por cercanía o comodidad se presentan aquí y debemos aceptarlos también", recuerda el delegado de ACAIP-UGT.

Todo ello hace que los funcionarios tengan que utilizar "espacios impracticables para que vivan los internos por las malas condiciones en las que están".

"Hablamos de un módulo que está prácticamente abandonado, que no tiene ni ventanas, y lo tenemos que abrir en estas condiciones. Estamos metiendo ahí a los nuevos ingresos porque ya no tenemos espacio dentro", asegura.

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Duermen en este departamento abandonado y, durante el día, hacen vida regular en el resto de dependencias porque no hay sitio.

A esta figura los funcionarios la llaman coloquialmente "paseantes", porque durante el día pasan al resto del módulo como un interno más.

Esta zona apartada de la cárcel es el antiguo módulo de mujeres que fue cerrado por sus desfasadas condiciones y presenta problemas de seguridad.

"Los muros son muy bajos y, de hecho, hemos tenido varios intentos de fuga por ese motivo y por la visibilidad reducida de los patios desde la oficina", apunta.

Ese módulo quedó en el olvido y en el covid lo usaban como medida de cuarentena.

La mezcla de personas con presunción de inocencia y penados es "una aberración en términos jurídicos, pero es la realidad ante la falta de espacio, ya que no podríamos crear dentro un departamento solo para preventivos y otro para penados", comenta.

Con esta sobrepoblación de internos y falta de personal, los funcionarios reconocen que no saben "qué va a pasar ni qué vamos a tener que habilitar con la nueva ley. A día de hoy, operativa y materialmente hablando, nos resulta imposible", concluye Flores.