El presidente de Facpyme Alicante, Carlos Baño, y una imagen de la sede de la organización empresarial
Una investigación de dos años a Carlos Baño que se ejecuta a dos semanas del inicio de la campaña de la Cámara
Estaba previsto que las elecciones a la Cámara de Comercio de Alicante se iniciasen con la publicación de la convocatoria en el DOGV el 24 de marzo y que la presentación de candidaturas se alargase hasta el 9 de abril.
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Carlos Baño, presidente de la Cámara de Comercio de Alicante y de Facpyme, ha sido detenido este viernes en Alicante por la Policía Nacional en una investigación por presunta corrupción vinculada a los bonos comercio de 2022 y 2023 en una veintena de municipios de la provincia.
Esta detención de ayer por la mañana, que se alargó hasta la tarde tras registros y declaración en la Comisaría Provincial de la Policía, se produce en un horizonte de menos de dos semanas para el inicio de una nueva campaña electoral en la Cámara de Comercio, para esta primavera.
Estaba previsto que las elecciones a la Cámara de Comercio de Alicante se iniciasen con la publicación de la convocatoria en el DOGV el 24 de marzo y que la presentación de candidaturas se alargase del 25 de mayo hasta el 9 de abril. Y por el momento no se había concretado ninguna candidatura alternativa a Carlos Baño y su actual equipo directivo.
La detención se produce a instancias de la Fiscalía Anticorrupción (pero surgió de la Agencia Antifraude hace dos años), por una denuncia sobre la gestión del programa de bonos consumo impulsado por la Diputación de Alicante.
El hecho de que Baño se haya enfrentado directamente durante su mandato con otros líderes empresariales como Salvador Navarro (antiguo presidente de la CEV) y con políticos que van desde el anterior presidente de la Generalitat, Ximo Puig (PSPV-PSOE) o el alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), ha provocado que su detención al filo del inicio de la campaña electoral de la Cámara de Comercio haya levantado todo tipo de suspicacias.
La investigación
A lo largo del último trimestre de 2024, se supo que la Agencia Antifraude había enviado requerimientos de información a numerosos ayuntamientos de la provincia (como el de Torrevieja, que fue uno de los primeros señalados).
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Les solicitaba la documentación sobre los contratos firmados entre los ayuntamientos que se adhirieron al programa de subvenciones con Nexo Retail, una empresa instrumental creada por unanimidad de la Junta Directiva de Facpyme, para desarrollar la iniciativa, en la que Baño como presidente actuaba de administrador único. Y en la que figuraba Baño como presidente de la asociación de pequeñas y medianas empresas de la provincia.
La denuncia inicial aseguraba que muchos consistorios contrataron a esta empresa sin concurso público para gestionar los millones de euros que inyectaba la Diputación en los pequeños comercios de la provincia a través de los ayuntamientos de Alcoy, Alfas del Pi, Altea, Cox, Crevillent, El Campello, Elche, Finestrat, Guardamar, Ibi, La Nucía, Mutxamel, Novelda, Onil, Orihuela, Petrer, Pinoso, Sant Joan, Santa Pola y Villena.
Se cuestionaba que una empresa instrumental se beneficiase de subvenciones públicas cuando los estatutos de Facpyme detallaban que la asociación empresarial no tenía ánimo de lucro.
En cualquier caso, al saltar el caso a la Fiscalía Anticorrupción el expediente está bajo secreto o reserva, lo que bloquea su publicación oficial en la web de la Agencia hasta que el juez levante dicha reserva.
La Fiscalía Anticorrupción y los investigadores de la UDEF siguen el rastro de los fondos públicos destinados a las campañas de bonos comercio de 2022 y 2023 para comprobar si el dinero llegó íntegramente a los establecimientos y consumidores previstos. O si en su defecto, se produjeron desvíos, sobrecostes o pagos injustificados.
En principio, el objetivo es determinar si la patronal del pequeño comercio, que actuó como entidad colaboradora en la gestión de los bonos, se limitó a aplicar las bases de las convocatorias o si tuvo algún papel activo en posibles irregularidades administrativas o penales vinculadas a esas ayudas.
