Comisaria de la Policía Nacional en Elda.

Comisaria de la Policía Nacional en Elda.

Alicante

Juzgan a un policía de Elda por quedarse cocaína, llaves y tarjetas de las operaciones

El agente está acusado de un delito de malversación de caudales públicos y otro de estafa por apropiarse de objetos incautados.

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Alicante
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Un agente de la Policía Nacional de Elda está siendo juzgado esta semana por presuntamente apropiarse de cocaína, documentos, llaves, mandos a distancia de viviendas o coches y tarjetas bancarias, entre otros objetos, incautados en operaciones.

El juicio comenzó el pasado 10 de febrero y continuará hasta el miércoles 12 en la Audiencia Provincial de Alicante. La Fiscalía le acusa de un delito continuado de malversación de caudales públicos y otro de estafa.

El Tribunal popular deberá determinar si, entre los años 2013 y 2017, el procesado se apoderó de una papelina de cocaína incautada en una intervención además de los demás objetos mencionados.

El policía prestaba servicio en la Comisaría de Elda y los objetos fueron localizados en su taquilla, en su casa o en su despacho profesional.

El jurado decidirá si todos estos enseres provenían de intervenciones policiales en la mayoría de las cuales participó el encausado.

Nueve años

Por otro lado, este martes también se piden penas de nueve años y nueve años y medio de prisión para un hombre y para una mujer a los que la Fiscalía acusa de ofrecer medio gramo de cocaína a una menor, de 17 años en el momento de los hechos, a cambio de que mantuviera relaciones sexuales con el encausado.

La acusación pública sostiene que los procesados le ofrecieron la droga a la víctima, que le fue entregada el 29 de marzo de 2022 en el domicilio de él, localizado en Alcoi. 

Movistar gratis

Así, se juzga este 11 de febrero a dos hombres a los que la Fiscalía pide un año de cárcel y acusa de un delito contra la Propiedad Intelectual por, supuestamente, redistribuir a través de Internet la señal de los canales de televisión de Movistar y dar acceso a múltiples personas de contenidos para los que no estaban autorizados.

El Ministerio Fiscal cifra en más de seis millones y medio de euros los perjuicios económicos que sufrió la empresa, dinero que solicita como indemnización a los procesados en concepto de responsabilidad civil.