La Conselleria de Educación que encabeza el alicantino José Antonio Rovira, niega las acusaciones de la plataforma catalanista Escola Valenciana sobre la "discriminación del alumnado de las zonas castellanohablantes" por no aprender valenciano como el resto de alumnos de la Comunitat Valenciana. Con la nueva ley, todo el alumnado cursará un "mínimo indispensable" de valenciano, pero se mantendrá la exención de las zonas castellanohablantes a examinarse sobre esa asignatura lingüística.

Y es que la plataforma envió el pasado jueves un comunicado en el que señalaba que "estudia medidas para frenar la reforma de la ley de Plurilingüismo por tratarse de "una discriminación que atenta contra el principio de igualdad constitucional". En concreto, "una discriminación del alumnado de las zonas castellanohablantes, puesto que negar el conocimiento de una lengua oficial a una parte del alumnado valenciano por el lugar donde vive supone una desigualdad".

Fuentes de la Conselleria se remiten a la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano (1983) que "reconoce el derecho de la exención del valenciano (art. 24.2)" para el alumnado de municipios castellanohablantes. Esta misma ley se reconoce "que los alumnos han de estar capacitados para utilizar, oralmente y por escrito, el valenciano en igualdad con el castellano, pero con una excepción, la del alumnado que pueda solicitar la exención del valenciano", afirman desde Educación.

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Muy al contrario, las alegaciones de Escola Valenciana a la nueva norma se fundamentan en que"el conocimiento del valenciano comporta más oportunidades en el ámbito académico, laboral, social y cultural y su modificación es una discriminación que menguará su libertad para la movilidad e inserción laboral".

Con la aprobación del nuevo texto, a partir del curso 2024-2025, el valenciano dejaría de ser lengua vehicular obligatoria en las comarcas de predominio lingüístico castellano, lo que supone la eliminación de hacer un mínimo obligatorio de 25 % de las horas lectivas en valenciano.

A este respecto, la Conselleria sostiene que el Gobierno Botánico de Ximo Puig "impulsó un modelo lingüístico único, que no diferenciaba la singularidad de las zonas castellanohablantes". Y tras un revés judicial (sentencia contra el Decreto 9/2017, del Consell), culminó su hoja de ruta con la aprobación de la Ley 4/2018 de plurilingüismo.

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Según el nuevo equipo de Educación del Gobierno del PP, "el Botánico vació así de contenido el derecho del alumnado de zonas castellanoparlantes para solicitar la exención del valenciano. Al mismo tiempo, obligaba a vehicular el 25% del tiempo escolar en una lengua de la que puede estar exento, lo que implica una contradicción".

En este sentido, recuerdan que el Gobierno de Carlos Mazón "impulsó una iniciativa legislativa, que finalmente ha sido aprobada en la Ley de medidas fiscales de 2024, por la que se suspende la aplicación de la Ley 4/2018 de plurilingüismo en los municipios de predominio lingüístico castellano".

De esta forma, "se pretende volver a hacer efectivo el derecho a elegir si se solicita o no se solicita la exención del valenciano. Escola Valenciana siempre se ha mostrado públicamente contraria a que el alumnado y las familias puedan ejercer libremente dicho derecho, siendo partidaria de un modelo intervencionista en el que la administración imponga el valenciano como lengua vehicular, apostando por sistemas de inmersión lingüística en valenciano, y eliminando la exención del valenciano".

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Educación niega los argumentos de la plataforma y explica que "en ningún momento se va a negar al alumnado el conocimiento del valenciano, ya que la nueva previsión legal establece que todo el alumnado va a cursar la asignatura de valenciano, como mínimo indispensable";

Eso sí, "en el caso de que solicite la exención, esta tendrá como efectos que no se evaluará al alumno/a. En las alegaciones presentadas por Escola Valenciana al anteproyecto de ley se llegaba a afirmar que los estudiantes castellanoparlantes podrían recibir la totalidad (100%) de la enseñanza en castellano, algo que, como se puede comprobar viendo el articulado de la nueva ley, es totalmente falso".

Además, y por otra parte, señalan que "la suspensión de la Ley Plurilingüismo del Botánico no impone un modelo único para toda la Comunitat Valenciana como hacía la norma que defiende Escola Valenciana". A diferencia de aquel modelo, a partir de ahora "van a ser los consejos escolares los que decidirán si mantienen el mismo número de asignaturas impartidas en valenciano hasta ahora, o bien si deciden impartir más asignaturas en castellano de las que había antes".

"De esta forma, en el mapa escolar existirán centros que habrán optado por uno u otro modelo, y el alumnado y sus familias podrán elegir aquel que mejor se ajuste a sus preferencias", concluyen las mismas fuentes de la Conselleria.

Las alegaciones de Escola

"Desde Escola Valenciana estamos trabajando en las posibles medidas que consigan la paralización de esta norma que, además, atenta contra el principio de territorialidad única de la eficacia de las normas de la Generalitat ", añade el comunicado.

Desde la Conselleria responden que ya en las alegaciones presentadas por la entidad al anteproyecto de ley de medidas fiscales, Escola Valenciana hacía referencia a la aplicación de un modelo único para toda la Comunitat Valenciana, obviando que el propio Estatuto de Autonomía reconoce que “la ley establecerá los criterios de la aplicación de la lengua propia en la administración y la enseñanza” y que “se delimitarán por ley los territorios en los cuales predomine el uso de una y otra lengua”, estando dichas previsiones legislativas desarrolladas en la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano.

En cualquier caso, la plataforma asegura que estudia "las posibles vías legales y judiciales para conseguir la paralización de esta reforma", explicó Alexandra Usó, presidenta de Escola Valenciana, quien ha dicho que no descartan movilizaciones de la comunidad educativa "para hacer escuchar nuestra voz ante esta reforma discriminatoria".

Por último, con la aprobación del texto también desaparecería la Oficina de Derechos Lingüísticos creada por el gobierno del Botánico. La plataforma ha recordado que tiene su propia oficina para dar asesoramiento jurídico a los ciudadanos y facilitar información a las personas a las que "se les niega el derecho a vivir en valenciano"