Las pasadas elecciones del 28M han dejado al PSPV-PSOE sin poder territorial más allá de algunos Ayuntamientos. La Diputación de Alicante estará gobernada en mayoría absoluta por el popular Toni Pérez, la de Castellón por la popular Marta Barrachina, y la de Valencia, contra todo pronóstico pasará a manos del PP por el ajuste de cuentas del exsocialista Jorge Rodríguez, laminado por Ximo Puig en su propio partido.

En este contexto, los populares recuperan la hegemonía total en la Comunidad Valenciana y podrán consensuar las tres políticas provinciales con la autonómica sin, en principio, contrapoderes que desgasten un mensaje nítido y común para las tres provincias.

Atrás queda el intento socialista-nacionalista durante ocho años del derribo controlado de las tres instituciones provinciales para imponer un nuevo modelo comarcal semejante al de Cataluña y, con ello, intentar paliar la precariedad de las cuentas de la región detrayendo los fondos que el Estado dirige directamente a las provincias en la estructura territorial clásica española.

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Puig comenzó hace ocho años su primer mandato aprobando decretos para hacerse con ese dinero en partidas como Turismo o de Deporte que sólo tuvieron el rechazo de las diputaciones de Alicante y Castellón. En su segundo mandato, ya solo con Carlos Mazón como presidente provincial de Alicante en la que fue una isla popular en la Comunidad Valenciana, y ante la pérdida de sus iniciativas en los tribunales, el socialista aprobó en las Cortes Valencianas la ley del Fondo de Cooperación para hacerse con ese dinero.

Pero al socialista no le dio tiempo a hacerla efectiva. Un nuevo recurso de la provincia de Alicante para defender su autonomía política y financiera, permitió que los tribunales aceptasen la medida cautelar de que no se impusiese en los presupuestos de 2023. Y mientras, la ley de Puig era revisada por el Tribunal Constitucional.

Ahora, con Carlos Mazón como presidente autonómico, esa autonomía política y financiera de las diputaciones está salvaguardada. Y serán los populares de las tres provincias quienes consensúen el modelo de financiación municipal que se utilizará a partir de ahora.

Salud Mental y Tasa Turística

El otro gran conflicto entre la Diputación de Alicante y la Generalitat durante los gobiernos de Ximo Puig -muy relacionado con el anterior en las negociaciones entre ambas instituciones- son las competencias impropias que paga la provincia de Alicante para gestionar servicios como la Salud Mental que en otras provincias dependen de la Generalitat.

De hecho, desde el PP consideran que los 13 millones de euros que le cuesta este servicio anualmente se corresponden con los que le exigía Puig del Fondo de Cooperación. Y mientras Mazón fue incapaz de acordar nada con Puig en materia de financiación municipal, sí pudo hacerlo con su socia Mónica Oltra cuando era consellera de Bienestar Social.  

 Además de todo esto, queda pendiente la derogación de la tasa turística impuesta a Puig por sus socios y que desde el PP se considera un nuevo impuesto que perjudicará al sector. Las intenciones de Mazón son suprimir este impuesto que el PSOE permitió bonificar al 100% en función de las necesidades y preferencias de los ayuntamientos, para que no pueda ser impuesto en el futuro por gobierno de otro color político.