Si no se produce ningún improvisto de última hora, el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, recalará este jueves en Alicante como anfitrión de la Cumbre Euromediterránea, donde España, Francia y Portugal esperan alcanzar importantes acuerdos respecto al H2Med, un hidroducto que transportará hidrógeno verde entre Barcelona y Marsella (sureste francés). 

Sánchez regresa a la provincia de Alicante en el momento más bajo del Ejecutivo en muchos años. Primero por el agravio que han supuesto, un ejercicio más, los Presupuestos Generales del Estado, donde Alicante se ha quedado por segundo año consecutivo en último lugar de España en inversión per cápita. De hecho, el dinero designado inicialmente por el Ejecutivo no superaban los 100 euros por alicantino, el único territorio del país donde sucedía esto. 

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Esta situación ha provocado una furibunda reacción de la clase empresarial, desde donde se considera que se está perpetuando un maltrato inversor a Alicante que ya dura décadas, con más de 3.000 millones de deuda histórica según los cálculos del Instituto de Estudios Económicos de Alicante (Ineca).

Pero es que además la situación se produce en un contexto de incremento presupuestario hacia la Comunidad, pero centrado en Valencia y Castellón. Esta última provincia, de hecho, recibirá más dinero que Alicante con un tercio de su población.

¿Agua para todos?

Otro frente abierto del Gobierno en Alicante (aunque también afecta a Murcia) es con los agricultores, a propósito de los recortes de que está llevando a cabo con el trasvase del Tajo-Segura. El cambio en las reglas de explotación ha supuesto una disminución efectiva del agua disponible para riego, lo que ha reavivado la llamada "guerra del agua" que amenaza con acabar en los tribunales. 

Esto ha llevado al presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, a plantear una alianza con el presidente murciano, Fernando López Miras, para evitar que se cree una "deuda histórica del agua". 

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De hecho, y según un reciente estudio de la Universidad de Alicante, el Plan del Tajo 2022-2027, supondrá un recorte de 105 hectómetros a las aportaciones hídricas del Segura, vía trasvase, y eso se traducirá para Murcia, Andalucía y la Comunidad Valenciana en la pérdida de 27.314 hectáreas agrícolas.

En total las pérdidas económicas estimadas por la decisión del Gobierno son de 5.692 millones de euros con la destrucción de 15.322 empleos. 

Sin sedes

Finalmente, el Gobierno ha desechado las candidaturas presentadas por las ciudades de Alicante y Elche para acoger las futuras sedes estatales de la Inteligencia Artificial y Aeroespacial, respectivamente, y se las ha concedido a A Coruña y Sevilla.

Esta situación ha puesto en jaque al jefe del Consell, el también socialista Ximo Puig, quien había apostado en Madrid por las dos ciudades alicantinas para abundar en el proceso de descentralización del Estado, uno de los puntos recurrentes en su discurso.

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La posibilidad de que el Ejecutivo diese a la provincia de Alicante protagonismo en este nuevo reparto se había interpretado como una posibilidad de desagravio por cuestiones como la recurrente falta de inversiones, más aún después de la presentación de los Presupuestos Generales del Estado para 2023. Pero la decisión tomada se ha limitado a subrayar que se trataba de candidaturas "excelentes" y ha optado por dos rivales sin entrar en cuestiones objetivas como puntuaciones numéricas.

La sospecha de que se trata de una decisión política, de hecho, ha distanciado aún más al Gobierno español de la realidad de la provincia. Y en ese contexto visita Pedro Sánchez la ciudad de Alicante este viernes, en el que no se espera -por las propias circunstancias del acontecimiento- ningún guiño al sur de la Comunidad Valenciana.