El administrador de la empresa Isjoma, Isidro García, procesado por presuntas irregularidades en la prestación del servicio de montaje de infraestructuras festivas y culturales del Ayuntamiento de Alicante en la etapa de Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, ha asumido durante su declaración ante un tribunal de la Audiencia Provincial de Alicante la existencia de pagos por servicios al margen de la cobertura del contrato.

Ante la Sección Primera de la Audiencia ha asegurado que no era su responsabilidad conocer si eran o no adecuados y que se limitaba a responder a "las órdenes de trabajo" que le llegaban desde el Ayuntamiento, a través del jefe de Talleres, el funcionario ya jubilado Ginés Pérez, también procesado.

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Además, ha asegurado que después cotejaba los pagos con el técnico que ejercía como jefe del área de Servicios, Víctor López, encausado inicialmente en el mismo proceso y ya fallecido.

García no ha llegado a concretar el importe de esas contrataciones, pese a que el fiscal ha indicado que, según un informe elaborado por la brigada de la UDEF, ascendieron a 841.000 euros entre los años 2008 y 2009.

Al respecto, solo ha señalado que era López el que le decía qué trabajos tenía que presentar como certificaciones incluidas en el servicio contratado o como facturas por tareas no incluidas en él.

En la causa se dirime la existencia de una supuesta trama orquestada al menos entre 2003 y 2009 por técnicos municipales y los exediles del PP Andrés Llorens y Juan Zaragoza para favorecer a Isjoma mediante la concesión de contratos menores por el suministro de equipamientos, el montaje y el desmontaje de escenarios, así como por la colocación y retirada de sillas.

Todo, pese a que, según sostiene la acusación pública, esos encargos superaban el límite cuantitativo establecido para seguir este trámite. Además, esos encargos presuntamente fraccionados se mantuvieron incluso después de que la misma empresa resultase adjudicataria de la contrata concertada por el Ayuntamiento para asegurarse la prestación del servicio tanto en 2003 como en 2009.

La Fiscalía Anticorrupción solicita para Llorens, que entonces era concejal de Atención Urbana, tres años de prisión al considerarlo responsable de un delito de prevaricación, en concurso con un delito continuado de fraude a la administración.

Para Zaragoza, que desempeñaba las competencias de Hacienda y Comercio, pide un año de privación de libertad. Además, demanda dos años de internamiento para el jefe de talleres y un año y seis meses para el representante de Isjoma mientras que, por su parte, las defensas solicitan la absolución del conjunto de los acusados al negar la existencia de delito.

Comidas con el concejal de Comercio

El representante de Isjoma (hoy extinguida) ha asegurado también, al prestar testimonio, que había comido en dos ocasiones con el exconcejal Juan Zaragoza.

Según ha explicado, una de ellas, celebrada en 2007, fue para tratar de que se desbloquease el pago de facturas pendientes por la entrega de materiales (faldones para los escenarios) por cerca de 80.000 euros, ya que el exconcejal era el responsable de Hacienda.

La segunda comida, según García, se habría producido después de que se abriesen las plicas del segundo concurso -el de 2009- y, según él, se limitó a comentar con Zaragoza que lo tenía difícil para lograr el contrato, ya que otra empresa competidora -Montajes Alavés- había presentado una oferta con un presupuesto 900.000 euros más económico.

Con todo, ha respondido a las preguntas del fiscal que no trató de buscar que Zaragoza intermediase para conseguir que Alavés pudiese subcontratarle los trabajos.
Por último, ha añadido que en el Ayuntamiento no pusieron nunca ningún reparo a las facturas que presentaba.

Seguir indicaciones

Durante la sesión también ha declarado el jefe de Talleres, Ginés Pérez, quien ha sostenido que él se limitaba a seguir las indicaciones del jefe de Servicios para que se cumpliesen las órdenes de trabajo que le transmitía.

Además, ha añadido que la compra de materiales relacionados con el montaje de escenarios se formalizaba con Isjoma por indicación de López porque había sido la última empresa concesionaria de ese contrato. Del mismo modo, ha señalado que no tenía trato con Llorens.

Asimismo, ha declarado el ingeniero municipal a cargo del área de Obras, también procesado, quien ha asegurado que a él se le encomendó la elaboración del pliego para contratar el servicio de suministro, montaje y retirada de sillas de la Explanada y que, después, también se le encomendó la tarea de la compra posterior, cuando se dejó de licitar el servicio, después de que se decidiese no seguir ampliando el gasto en la reposición de sillas robadas.

De igual modo, ha sostenido que él se limitaba a seguir las órdenes que le dictaba Víctor López. El juicio prosigue este martes con la declaración de los exconcejales Llorens y Zaragoza.