El Ministerio de Transición Ecológica ha aceptado la prórroga de las obras del frente litoral del municipio alicantino de Altea solicitada por la firma adjudicataria, Torrescámara, y alarga el plazo de finalización de los trabajos hasta el próximo 27 de octubre.

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El Ayuntamiento de Altea ha trasladado en un comunicado que el objetivo de la prórroga es "acabar las obras sin paralizaciones y con el proyecto actual que ejecuta" la citada mercantil.

El alcalde de la localidad, Jaume Llinares, ha explicado que la subida generalizada de precios y los efectos de la guerra de Ucrania en la economía, así como los retrasos en los suministros, "están dificultando a las empresas el cumplimiento de las condiciones pactadas". Por eso, la constructora ha solicitado en dos ocasiones modificar el contrato y revisar plazos.

En la primera ocasión, en febrero pasado, la petición fue desestimada por el Ministerio e, incluso, se abrió a la mercantil un expediente disciplinario, pero en la segunda modificación, presentada dos meses después, en abril, accedió a conceder una prórroga de hasta cinco meses.

La fecha de finalización de las obras se alarga hasta el 27 de octubre, aunque la aprobación de la prórroga no modifica el resto del contrato, por lo que la adjudicataria tendrá que cumplir con el presupuesto pactado para terminar los trabajos.

El consistorio y la constructora están negociando la posibilidad de que algunos de los tramos donde se vaya finalizando la pavimentación puedan ser utilizados para terrazas o tránsito de peatones.

"A los establecimientos afectados no se les cobrará, tampoco este año, la ocupación de terrazas que llevan sin pagar desde 2020", ha dicho Llinares.

Obras sostenibles

Por otra parte, la Diputación de Alicante ha formalizado un protocolo con la Federación de Obras Públicas (FOPA), la Federación de Empresarios del Metal (FEMPA) y los colegios de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Arquitectos, Aparejadores e Ingenieros Técnicos de Obras Públicas para concienciar a municipios y sector de la necesidad de promover la sostenibilidad en la construcción y la mejora de las infraestructuras.

El acuerdo, con una duración de un año, establece el desarrollo de acciones de cooperación consensuadas en el seno de una comisión, entre las que se contempla la organización y participación en eventos, el impulso de premios para incentivar la ejecución de infraestructuras desde la perspectiva de la sostenibilidad o publicaciones para difundir los objetivos marcados y estrechar la colaboración.

El objetivo común marcado, al que se pueden sumar otros colectivos y agentes sociales y colectivos profesionales, es incidir en la calidad y la funcionalidad de las dotaciones, infraestructuras y espacios públicos al servicio de los ciudadanos y fomentar unos servicios generales más eficientes económica y ambientalmente.

El diputado de Infraestructuras, Javier Gutiérrez, ha explicado en un comunicado que "es un acuerdo del que no existen precedentes en el sector, con el que queremos avanzar en el cumplimiento y desarrollo normativo de la mano de todos los actores que pueden ayudar a conseguir este objetivo global y transversal".

Ha asegurado que "lo que se pretende es extender las buenas prácticas en la construcción, incidir no solo en la sostenibilidad sino también en la innovación de la misma y potenciar la arquitectura mediterránea tradicional frente a otros sistemas reguladores que no cuentan con las soluciones clásicas en la construcción".

El diputado ha señalado la importancia de contar con el respaldo de la vicepresidenta segunda y diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna, quien ha señalado que "también es fundamental contribuir a un uso racional del agua fomentando una cultura de eficiencia basada en el ahorro y en la reutilización de recursos hídricos".

En este sentido, Serna ha incidido en que desde la Diputación de Alicante "venimos desde hace años haciendo una apuesta por la eficiencia y la sostenibilidad en el uso de un recurso tan preciado como el agua".