Tres alcaldes consecutivos de la ciudad de Alicante, dos del PP y uno del PSOE, han acabado con delitos reconocidos por los juzgados. Los dos primeros, Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, por cohecho en el marco de 'Brugal', que investigaba el presunto amaño del Plan General a favor del promotor Enrique Ortiz. El segundo, Gabriel Echávarri, por un doble caso de prevaricación, tal como ratificó este miércoles el Tribunal Supremo. 

Esto quiere decir que los primeros ediles que ha tenido Alicante entre 1995 y 2018 han cometido delitos, aunque solo dos de ellos han acabado en condena: Alperi, por recibir regalos de Ortiz en atención a su cargo, y Echávarri, por fraccionamiento de contratos y despedir a una funcionaria interina por ser pariente del entonces portavoz del PP y hoy alcalde, Luis Barcala.

Sonia Castedo se libró porque su cohecho con el promotor había prescrito, según la sentencia emitida por la Audiencia Provincial de Alicante. Esto que ha motivado que la defensa de Alperi también haya recurrido su sentencia en el Supremo, al considerar que no es posible que él haya sido encausado por estos hechos y su sucesora, sin embargo, no.

No ha sido el único. Tal como informó EL ESPAÑOL, los fiscales del Tribunal Supremo decidieron por unanimidad recurrir el fallo de Brugal, al considerar que existen omisiones importantes que podrían anular el fallo y obligar a repetir el juicio. 

En el caso de Echávarri, el Supremo ya ha fallado que ordenó trocear una serie de contratos de la Concejalía de Comercio para dárselos a empresas escogidas, impidiendo la libre concurrencia. Lo único que acepta es recortar ligeramente las penas que había ampliado el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana al considerar que no podía hacerlo sin que mediase Fiscalía.

El alto tribunal también apunta que Echávarri actuó con "una arbitrariedad burda y patente realizada con absoluta inobservancia de las más elementales normas de procedimiento" a la hora de despedir a una trabajadora municipal para vengarse del líder del PP, quien había presentado una denuncia en Fiscalía.

Una situación traumática

La situación supone un trauma particularmente profundo para la izquierda alicantina, quien volvió al poder en 2015 después de 20 años de gobierno ininterrumpidos del PP, algunos de ellos con mayoría absoluta.

El tripartito que dirigió Echávarri, completado con Guanyar (una coalición iniciada por IU para aglutinar el voto de Podemos) y Compromís, estalló por los aires precisamente por el procesamiento del primer edil, con algunos de sus socios abandonado la coalición.

Esta situación llevó finalmente a la dimisión de Echávarri y a que la edil Nerea Belmonte, una tránsfuga de Guanyar, proveniente de Podemos (y expulsada del Gobierno municipal por dar contratos a compañeros suyos de partido), se abstuviese en la votación para elegir un nuevo alcalde. Eso permitió a Luis Barcala (PP) acceder a la vara de mando municipal en 2018, algo que revalidó en las municipales de 2019 siendo además el partido más votado.