La secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha colgado un mensaje en Twitter donde acusa al PP y Vox de pretender "revivir la ley de vagos y maleantes" en Alicante por la nueva ordenanza contra la prostitución y la mendicidad que irá a pleno extraordinario el próximo martes.
En su mensaje, la líder de Podemos y ministra asegura que "el PP y Vox quieren revivir la ley de vagos y maleantes en Alicante con una ordenanza que persigue a personas sin hogar, mujeres en contextos de prostitución, migrantes o LGTBI".
"Nos quieren llevar al pasado pero no vamos a dejar de avanzar", explica Belarra, en el que incluye un vídeo del portavoz municipal del partido en la ciudad, Xavier López, en el que afirma esta medida supone "el abrazo del oso de Vox al PP para convertir Alicante en un experimento" con "las medidas más insolidarias".

Lo cierto es que la medida la presenta el bipartito que gobierna la ciudad, PP y Cs, aunque es verdad que Vox la apoya de manera externa y su voto o abstención es necesaria para que salga adelante. 

De hecho, el pasado miércoles  la Comisión Permanente de Presidencia y Régimen Interior aprobó por mayoría de Partido Popular, Ciudadanos y Vox el informe de propuesta definitiva de la normativa. 

En esta comisión se resolvieronb también las alegaciones de los distintos grupos políticos, incluido Cs, uno de los socios de Gobierno en el consistorio."Estamos muy satisfechos porque se haya tenido en cuenta nuestras alegaciones. Entendemos que dotan de un marcado carácter social a la ordenanza", aseguró entonces la vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez.

Según el Gobierno municipal, con la nueva normativa se pretende combatir las mafias detrás de la mendicidad y la prostitución en la ciudad, incluso con multas. De hecho, el concejal de Seguridad, José Ramón González, aseguró que eran muchas las quejas de los vecinos que les llegaban pidiendo que se actuase contra este tipo de comportamientos.

La izquierda, por su parte, sostiene que con la ordenanza se criminaliza a estos colectivos y que el núcelo central de la convivencia no puede ser contemplar sanciones económicos para grupos desfavorecidos como los mendigos.