Buena parte del Gobierno del Botánico (PSOE, Compromís y Podemos) en la Comunidad Valenciana se ha construido en torno al relato de la regeneración política respecto a la etapa del PP de Francisco Camps. El caso Gürtel armó un discurso de alternativa política desde la izquierda que ha perdurado en la última legislatura y media de manera más o menos invariable, y que además se utiliza como comodín frente a la oposición.

Sin embargo, lo cierto es que la Generalitat Valenciana tiene actualmente al menos a seis altos cargos con diferentes causas abiertas en los tribunales, en condición de investigados (imputados) o incluso como procesados. Y no parece que haya intención de regenerarlos.

En concreto, son los directores generales de Urbanismo, Agua y Política Lingüística, el secretario autonómico de Empleo, la subsecretaria de Sanidad y la directora del Instituto Valenciano de Conservación, Restauración e Investigación. A ellos se les suman algunos alcaldes de estos partidos que tienen sus propias causas o están relacionados con las de los anteriores. He aquí una lista de quiénes son y por qué se les investiga.

1 | Urbanismo

El pasado mes de abril el Juzgado de Instrucción número 2 de Nules citó como investigado tanto al director general de Urbanismo de la Generalitat, Vicente García Nebot, como a la número dos de la ejecutiva provincial del PSOE, secretaria de organización y alcaldesa de Almenara, Estíbaliz Pérez. El juez estudia un presunto delito de falsificación de documentos públicos por parte de los dos imputados.

2 | Agua

El director general de Agua de la Conselleria de Agricultura, Manuel Aldeguer, es uno de los 37 cargos señalados por la Fiscalía de Murcia por los vertidos que provocaron la contaminación del Mar Menor cuando era responsable de la Confederación Hidrográfica del Segura.

3 | Política Lingüística

El caso que más afecta al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, es el de las subvenciones a la empresa de su hermano, Francis Puig. El juez ha abierto juicio oral contra Rubén Trenzano como director de Política Lingüística y Multilingüismo de la Generalitat por las ayudas al fomento del valenciano que se concedieron en los años 2015 y 2016 a dos empresas vinculadas al hermano de Puig. En concreto, se le investiga por presunta falsedad en un documento público.

4 | Empleo

El juzgado de instrucción número 2 de Castellón abrió el pasado mes de julio juicio oral contra el secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedéu, la exvicealcaldesa de Castellón, Ali Brancal, y uno de los cargos de confianza de Compromís en el Ayuntamiento, Miquel Torres, por supuestamente utilizar el servicio postal municipal para enviar papeletas electorales en el año 2014.

5 | Sanidad

La subsecretaria de la Conselleria de Sanidad, Mónica Almiñana, declaró el pasado 25 de marzo en el juzgado de Instrucción número 5 de Valencia por una querella interpuesta por Ribera Salud por un supuesto delito de prevaricación administrativa por la ampliación de plazos en un concurso público. Aseguró que había delegado esa tarea en su equipo.

6 | Cultura

En este caso, no solo no se la ha apartado sino que fue nombrada el pasado 6 de agosto directora del Instituto Valenciano de Conservación, Restauración e Investigación (Ivacor). Gemma Contreras está siendo investigada por malversación después de que Antifraude detectase irregularidades en unos trabajos de restauración en la subdirección que ocupaba desde el año 2015

7 | Los otros casos

Fuera de esta lista de altos cargos está el que fuera subdelegado del Gobierno en Valencia, Rafael Rubio, detenido el pasado 13 de mayo junto al ex número 2 de Rita Barberá, Alfonso Grau, por una supuesta trama de mordidas, y los alcaldes de Benejúzar, Antonio López, y el de Los Montesinos, José Manual Butrón. El primero está procesado por delito electoral, y el en el caso del segundo se ha incoado un procedimiento abreviado por un supuesto caso de prevaricación administrativa con delito contra la protección del territorio.