Opinión de Francisco Ros.
Cuando el Estado derriba su palabra: Mazarrón, la costa herida y la democracia en cuestión
El presidente de la Asociación en Defensa de Playas Norte Dénia clama contra los expedientes de demolición de la Dirección General de Costas en Mazarrón.
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Hay decisiones administrativas que trascienden el cemento, la piedra y la madera. Hay actos públicos que no solo afectan a unos propietarios concretos, sino que interpelan a toda una nación. El anunciado derribo de tres inmuebles en el litoral de Mazarrón no constituye únicamente una operación urbanística o una ejecución burocrática: representa una grave colisión entre el poder del Estado y los principios esenciales de seguridad jurídica, respeto a la propiedad privada y confianza legítima de los ciudadanos.
Porque cuando un Estado destruye aquello que él mismo autorizó, no se limita a demoler viviendas: demuele credibilidad. Y entonces surge la pregunta inevitable: ¿vivimos verdaderamente en un Estado democrático cuando la palabra pública puede revocarse décadas después con carácter retroactivo?
En los años 1950 y 1955, España comprendió que su costa no era solo geografía: era futuro. El litoral se convirtió en motor económico, escaparate internacional y símbolo de modernidad. Fue el propio Estado quien impulsó concesiones administrativas de hasta 99 años, promoviendo un modelo de convivencia junto al mar destinado a atraer turismo, inversión y riqueza.
Aquellas viviendas no surgieron al margen de la ley. No fueron invasiones ni caprichos particulares. Fueron fruto de una estrategia nacional para dinamizar la economía española.
Décadas después, el turismo sigue siendo una de las principales fuentes de ingresos nacionales, representando alrededor del 15% del PIB. Buena parte de esa prosperidad nació precisamente en enclaves costeros como Mazarrón, Guardamar del Segura (Babilonia) o tantas otras localidades que crecieron gracias a ese modelo.
Hoy cabe preguntarse, ¿cómo puede el país que se benefició de esa política castigar ahora a quienes confiaron en ella? Los contratos concesionales otorgados en los años cincuenta señalaban su expiración natural entre 2045 y 2054. Sin embargo, la entrada en vigor de la Ley de Costas de 1988 transformó aquellas concesiones en autorizaciones de 30 años no renovables , fijando en muchos casos su final en 2018.
No hablamos de una mera reforma técnica. Hablamos de alterar radicalmente derechos previamente reconocidos.
Toda democracia madura protege la certeza legal. El ciudadano debe saber que lo firmado hoy no será anulado mañana por conveniencia política. Cuando una norma se aplica retroactivamente para recortar derechos adquiridos, el mensaje es devastador: nadie puede confiar plenamente en el Estado.
Y si no existe confianza jurídica, ¿sobre qué se sostiene la convivencia civil? En todos los países de la Unión Europea se respeta con rigor la propiedad privada, la estabilidad contractual y la confianza legítima. Son pilares de cualquier economía avanzada y de cualquier democracia sólida.
España no puede permitirse aparecer como una excepción negativa en materia de costas: ciudadanos atrapados entre expedientes interminables, familias bajo amenaza de demolición y viviendas históricas tratadas como si fueran errores que borrar.
¿Qué país queremos ser? ¿Uno que honra su palabra o uno que la reescribe? ¿Uno que protege al ciudadano o uno que lo condena a la incertidumbre? ¿Uno admirado por Europa o cuestionado por ella?
![Manifestación contra los deslindes del pasado sábado en Dénia.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2025\/02\/26\/alicante\/927167922_253443686_1706x960.jpg"])
La Asociación en Defensa de Playas Norte Dénia (apnDenia) ha tenido conocimiento de la inminente ejecución del derribo de tres inmuebles en el litoral de Mazarrón, dentro de expedientes de recuperación del Dominio Público Marítimo-Terrestre. Sin embargo, actualmente se encuentran retenidas en el Congreso de los Diputados dos Proposiciones de Ley destinadas precisamente a modificar la Ley de Costas de 1988, con el objetivo de proteger y garantizar la pervivencia de núcleos urbanos costeros de tipología tradicional. Estas iniciativas se presentaron con el respaldo de la mayoría absoluta del Senado: 189 votos favorables .
Proceder a la demolición en este momento supondría causar un daño irreparable. Lo destruido no podrá reconstruirse con una disculpa posterior. Sería, además, una imprudencia administrativa de enorme magnitud: ejecutar el derribo de viviendas cuya futura protección legal ya ha sido refrendada por la mayoría soberana del Senado a falta del Congreso de los Diputados.
Más aún cuando el tribunal Constitucional, se ha pronunciado censurado el uso abusivo de prórrogas en la mesa del Congreso de los Diputados, considerando que esta práctica puede vulnerar los derechos de los diputados y alterar el normal funcionamiento del proceso legislativo, especialmente cuando se utiliza de forma sistemática para evitar el debate parlamentario.
Esperamos que las instituciones del Estado, y especialmente el MITECO , actúen con sensatez, responsabilidad y altura democrática, paralizando de inmediato los derribos previstos hasta que finalice la tramitación legislativa en curso. Este momento exige algo más que trámites: exige demostrar si España es verdaderamente un país democrático o todo lo contrario.
Las palabras duran segundos. Los discursos desaparecen con el viento político. Pero los actos permanecen años, décadas, incluso siglos. Por ello pedimos hechos, no consignas. Prudencia, no ideología. Justicia, no precipitación. Porque quienes hoy ocupan cargos públicos mañana se marcharán, pero quedará ante la Unión Europea y ante el mundo la imagen de España como una nación que respeta a sus ciudadanos… o que los atropella.
![Playa de Les Deveses en Dénia, sujeta a un proceso de de expropiaciones a través de deslindes de Costas.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2026\/01\/30\/actualidad\/1003744111093_261184442_1706x960.jpg"])
España ha luchado mucho por consolidar su democracia. Ha costado esfuerzo, sacrificio y generaciones enteras comprometidas con la libertad. Pero surge una pregunta incómoda y necesaria: ¿De qué sirven cuarenta años de democracia si no se reflejan en actos concretos? La democracia no se acredita con eslóganes institucionales. No se demuestra con ruedas de prensa. No se sostiene con propaganda. La democracia se demuestra cuando el poder se contiene, cuando escucha, cuando protege, cuando respeta la ley sin usarla como arma contra el ciudadano.
Esas viviendas no son simples estructuras. Son décadas de recuerdos familiares, de veranos compartidos, de identidad local, de historia litoral española. Son parte de la memoria sentimental de nuestras costas. Destruirlas sin necesidad urgente sería borrar capítulos enteros de la vida de muchas familias y del propio desarrollo turístico nacional. Los países sabios conservan su historia. Los países inseguros la destruyen.
Mazarrón no es solo Mazarrón. Es un espejo donde España se mira. Si el Estado incumple lo que concedió, si modifica retroactivamente derechos consolidados, si derriba antes de que el Parlamento proteja, entonces la cuestión deja de ser urbanística y pasa a ser profundamente moral.
¿Queremos una España que inspire confianza o una España que genere miedo? ¿Una democracia viva o una democracia decorativa? ¿Un país de ciudadanos libres o de administrados indefensos? Todavía estamos a tiempo. Las instituciones tienen ahora la oportunidad de demostrar con hechos que España cree en la democracia. Eso es lo que pedimos miles de ciudadanos que aún creemos en ella.
Francisco Ros es presidente Asociación en Defensa de Playas Norte Dénia