La vicepresidenta de la Generalitat, Susana Camarero, sobre una imagen de la promoción.
Los informes técnicos confirman que residencial Les Naus se adjudicó bajo la normativa del Consell de Puig
La vicepresidenta Camarero desmonta en Las Cortes las acusaciones de la oposición sobre un proceso "a medida de algunos cargos" en la selección y los requisitos de acceso de los 140 cooperativistas alicantinos.
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La controversia política en torno a la promoción de viviendas protegidas del residencial Les Naus, en la zona de Condomina de Alicante, ha dado un vuelco tras la comparecencia de la vicepresidenta, Susana Camarero, en las Cortes Valencianas. Y es que de las 140 viviendas solo se han puesto en cuestión su acceso para menos de una decena de personas con vínculos en el PP y también en el PSPV-PSOE, pero los informes confirman que se adjudicaron mediante los criterios del anterior Gobierno autonómico de Ximo Puig (PSOE-Compromís-Podemos)
Los informes internos de la Secretaría Territorial de Vivienda de Alicante, a los que ha tenido acceso este diario, certifican que el suelo, el proyecto y la adjudicación de las viviendas se realizaron estrictamente bajo el marco legal heredado del Gobierno del Botánico, invalidando las tesis que apuntaban a un cambio normativo para favorecer a los actuales adjudicatarios.
Según el informe emitido el 2 de marzo de 2026, la cooperativa Les Naus solicitó su Calificación Provisional el 29 de julio de 2022 y obtuvo dicha condición el 7 de septiembre de 2023. Las elecciones autonómicas no se produjeron hasta mayo de 2023, cuando ganó el PP de Carlos Mazón, que no tomó posesión hasta julio de ese año. El documento es tajante al asegurar que la promoción se acogió al Decreto 68/2023, norma aprobada por el Consell anterior que entró en vigor el 16 de junio de 2023.
Este marco legal establecía que el régimen de adjudicación debía ajustarse a lo dispuesto en el Decreto 106/2021. De hecho, el informe técnico confirma que la gestora de la cooperativa (FRAORGI SLU) fue la encargada de realizar íntegramente el proceso de selección de los socios , y que todos los adjudicatarios de esta promoción estaban debidamente inscritos en el Registro de Demandantes de Vivienda, cumpliendo con la obligatoriedad que dictaba la norma vigente en ese momento.
Textualmente se aclara que "no está regulado expresamente un procedimiento de selección de los adquirentes o adjudicatarios de una vivienda de protección pública de promoción privada. El Decreto 106/2021, de 6 de agosto, sólo regula expresamente el procedimiento de adjudicación para las viviendas de promoción pública y para las que forman parte del patrimonio público".
La polémica
Uno de los puntos de fricción en el debate parlamentario ha sido la aplicación del reciente Decreto 180/2024. Sin embargo, la documentación técnica aclara que esta norma solo ha intervenido en la fase final de comprobación de requisitos económicos para el visado de los contratos, y no en la elección de los compradores.
![Ximo Puig y Carlos Mazón, sobre una imagen del residencial de VPP Les Naus de Alicante.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2026\/02\/12\/actualidad\/1003744127631_261391795_1706x960.jpg"])
Así, afirma que "la administración Autonómica, a través de la Conselleria con competencias en materia de vivienda, no participa en el proceso de selección ni adjudicación de las viviendas de protección pública de promoción privada. La intervención de la Administración se produce en un momento posterior para el ejercicio de las facultades de control del cumplimiento de los requisitos de acceso de las personas adquirentes mediante el procedimiento de visado de los contratos".
Y pone la pelota sobre el tejado de la cooperativa: "FRAORGI SLU, ha efectuado íntegramente el proceso de selección de las personas que han obtenido la condición de socio y posterior adjudicación de las viviendas".
Al presentarse las solicitudes de visado después del 12 de diciembre de 2024, la administración aplicó (en virtud de la Disposición Adicional Sexta) los nuevos umbrales de renta (6,5 veces el IPREM). No obstante, el informe subraya que esto es un trámite de control administrativo posterior y que los adjudicatarios ya habían sido seleccionados previamente bajo los criterios de 2023.
El Secretario Territorial Adjunto de Vivienda, Vicente Caturla García, detalla en sus informes que el proceso de visado ha sido ejecutado de forma automatizada a través de la aplicación informática MARTE-TRAMITA, lo que garantiza la trazabilidad de cada expediente.
El Jefe de Sección de Vivienda Protegida fue el único funcionario interviniente encargado de verificar la documentación de los 140 expedientes. El informe concluye que el visado es un «acto reglado» donde la administración simplemente constata que se cumplen los requisitos de acceso y precio máximo (fijado en 2.200 €/m2 útil), sin que exista margen para la discrecionalidad o la selección de personas por parte de la Administración Autonómica
