Centro penitenciario de Fontcalent, en Alicante.
Un 'tsunami de expedientes' colapsa la cárcel de Fontcalent: "Somos la que más recibe de España y solo hay 3 funcionarios"
El Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas (SGPMA) se encarga de tramitar y controlar todos los casos menores que llegan desde los juzgados para que los acusados cumplan con trabajos en beneficio de la comunidad o con cursos.
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El colapso en el Centro Penitenciario de Alicante Cumplimiento, más conocido como la prisión de Fontcalent, no solo se da entre sus reclusos, que duplican su capacidad con alrededor de 1.000 presos, sino que también lleva al límite su Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas (SGPMA), el que más expedientes tramita de toda España y que solo cuenta con tres funcionarios.
El volumen de trabajo en el departamento es el más elevado de todo el país, denuncian desde ACAIP-UGT, que critica que el Ministerio del Interior solo destine tres trabajadores a atender el elevado número de expedientes que se generan en la provincia de Alicante.
El Centro Penitenciario Alicante II, más conocido como la cárcel de Villena, no cuenta con esta unidad, por lo que Fontcalent asume la totalidad de los casos menores que llegan desde los juzgados.
El SGPMA es un programa de Interior mediante el cual a las personas que han cometido delitos menores o que no presentan un perfil de conflictividad se les sustituye la pena de prisión por una medida alternativa, como el trabajo en beneficio de la comunidad o la realización de cursos.
"Esto implica un trabajo brutal para cada caso, ya que hay que citar a la persona, entrevistarse con ella y ver cuáles son sus horarios para darle las máximas facilidades posibles y compatibilizar la pena con su trabajo o su familia", enumera el delegado sindical de ACAIP-UGT en Alicante, Emilio José Flores.
Y añade que "también hay que comunicarse con las empresas públicas y privadas donde pueden realizar estas labores, supervisarlos, llevar un control y desarrollar cursos de resocialización sobre la problemática de sus delitos, asegurándonos de que cumplen las penas y de que no reinciden".
La prisión, al asumir a todos los detenidos judiciales de la provincia, recibe a muchas personas acusadas de delitos menores, como infracciones de tráfico, a quienes se les sustituye la pena de prisión por trabajos en beneficio de la comunidad.
![La prisión de Fontcalent.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2024\/02\/28\/alicante\/836177068_240335104_320x120.jpg"])
"No es que nosotros pidamos más expedientes, sino que los centros están a disposición de lo que determinan los juzgados y de las condenas que se producen en la provincia; no podemos elegir, tenemos que atenderlas sí o sí", explica.
"Llevamos años pugnando con otras provincias, pero actualmente somos, con diferencia, los que más volumen tenemos. El volumen depende directamente de lo que dicte la Justicia: a más penas de esa naturaleza, más expedientes", comenta Flores.
"Para el ministerio esto se podría hacer con tres personas, pero es imposible", lamenta Flores.
Como consecuencia, la dirección del centro se ve obligada a desplazar a funcionarios de otras áreas donde son necesarios, mermando los servicios de régimen, tratamiento o administración para destinarlos a la gestión de penas, aseguran desde ACAIP-UGT.
"Abandono de Interior"
La demanda de personal en el Servicio de Gestión de Penas se suma a las exigencias de mejoras en un centro penitenciario que consideran "abandonado" por Interior.
![Concentración de los trabajadores en el recinto de Fontcalent.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2024\/03\/20\/alicante\/841426593_240892322_320x180.jpg"])
La falta de mantenimiento ha causado un deterioro alarmante de sus infraestructuras, con sistemas de seguridad averiados, plagas constantes y módulos de aislamiento clausurados.
Además del hacinamiento de los cerca de 1.000 presos que allí cumplen condena, el doble de su capacidad original, y de la falta de personal que obliga a que cada funcionario tenga que controlar a 100 presos por turno, la cárcel se ha convertido en una trampa tanto para la población reclusa como para sus trabajadores, quienes tienen que convivir con plagas de ratas y cucarachas y respirar el moho que crece en las instalaciones.
