La ONG Comisión de Derechos Humanos de Pakistán (HRCP) reclamó este martes el fin de la pena de muerte en el país, donde se han llevado a cabo alrededor de 450 ejecuciones desde 2015, cuando el Ejecutivo levantó la moratoria, en vigor desde 2008, a raíz de un ataque a un colegio en el que fallecieron 125 niños.

"HRCP llama al Gobierno a suspender la pena de muerte en el país como primer paso hacia su abolición", indicó en un comunicado el presidente de HRCP, Mehdi Hasan, con motivo del Día Mundial contra la Pena de Muerte.

En Pakistán, hoy se celebraron manifestaciones en ciudades como Islamabad, Lahore (este), Peshawar (noroeste) o Karachi (sur) impulsadas por HRCP para presionar al Ejecutivo para que dé marcha atrás y retome la moratoria a las ejecuciones.

"Queremos que el Gobierno suspende la pena capital lo antes posible", declaró a Efe un miembro del Consejo de HRCP, Nasreen Azhar, durante una protesta en Islamabad, donde una de las pocas pancartas rezaba "No es pena de muerte, es asesinato".

El tema de esta XV edición del Día Mundial contra la Pena de Muerte es la pobreza y, más concretamente, las mayores posibilidades de morir en el patíbulo para quienes pertenecen a un estrato social bajo, algo, denunció HRCP, muy extendido en Pakistán.

Uno de los manifestantes en la capital, el senador Farhat Ullah Babar, del opositor Partido Popular de Pakistán (PPP), subrayó al respecto que "la pena de muerte no se aplica a los ricos, gente influyente", que logran "romper la red y escapar" a esas condenas.

"Solo se aplica a los pobres", subrayó, al reclamar también una mayor protección a los disminuidos psíquicos y a los menores, que también son sentenciados a muerte en el país.

Pakistán levantó la moratoria que pesaba sobre la pena capital para los casos de terrorismo a finales de 2014, después del ataque talibán a una escuela en el que murieron 125 niños, y meses más tarde extendió la decisión al resto de los delitos.

Desde entonces ha habido al menos 447 ejecuciones de reos condenados tanto en tribunales militares como civiles, según la ONG Proyecto por la Justicia de Pakistán.