El rugido del león

Doble discurso de Mas ante el juez y en la calle

Si hace una semana la CUP exigía a Junts pel Sí "romper con España" como condición para sentarse a negociar la investidura de Artur Mas, es indudable que el presidente en funciones de la Generalitat ha sabido aprovechar su citación en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para hacer guiños en este sentido a la formación antisistema de la que depende su reelección.

En la calle, Mas se ha dado un baño de multitudes, ha escenificado una rebelión institucional en toda regla como anticipo tumultuario de la reclamada Declaración Unilateral de Independencia y ha explicitado su disposición a no acatar una eventual condena; mensajes todos en perfecta sintonía con los radicales de la CUP.

Sin embargo, en su declaración ante el juez, imputado por desobedecer la suspensión del 9N, el presidente ha señalado a los servicios jurídicos de la Generalitat, a los informáticos y hasta a los voluntarios de la Asamblea Nacional Catalana como únicos responsables de que se celebrara la consulta.

Mas no ha dudado en recurrir al cinismo para eludir en lo posible su inhabilitación al tiempo que sacaba pecho ante la grey independentista. Con todo, basta repasar la escenografía y el guión de la jornada para reconocer que su habilidad para sacar provecho de la adversidad, e incluso para marcar la agenda, supera con creces la capacidad del Gobierno para atajar el desafío secesionista.

El favor que el instructor del caso, el magistrado designado a propuesta de CiU Joan Manel Abril, hizo al presidente catalán, al citarlo a declarar en el 75 aniversario del fusilamiento de Lluís Companys, ha contribuido a calentar el ambiente.

Antes de acudir al TSJC, Mas protagonizó la ofrenda floral a Companys arropado por sus consejeros, por decenas de diputados y por el resto de candidatos de Junts Pel Sí. Luego interpretó un paseíllo triunfal hacia el juzgado, más propio de los regímenes totalitarios que de una democracia consolidada donde nadie discute el imperio de la ley. El solo hecho de que el presidente catalán se haya negado a contestar al Ministerio Público lo retrata.

El Estado no puede dejarse amedrentar ni permitir que desde una administración autonómica se coaccione a los jueces promoviendo manifestaciones. La sensación de que a Artur Mas le sale gratis menospreciar las leyes y a los tribunales debilita al Estado y envalentona al soberanismo. El Ejecutivo no puede rehuir su responsabilidad en la respuesta ni hacerla recaer sobre el Tribunal Constitucional.