Portugal

La tesorera lusa que se fue a almorzar y ‘olvidó’ 75.000 euros

La desaparición del dinero suscita una investigación de la Policía Judicial lusa, que ahora sospecha que la funcionaria forma parte de una red de desvío de fondos en la Universidad de Oporto.

La fachada de la Facultad de Medicina Dental en Oporto.

La fachada de la Facultad de Medicina Dental en Oporto.

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Un despiste lo puede tener cualquiera. ¿Quién no ha olvidado sus llaves en casa o dejado el paraguas en el autobús? De ser verídico, sin embargo, el caso de la tesorera de la Facultad de Medicina Dental de la Universidad de Oporto sería de libro. La funcionaria alega que en abril del año pasado se fue a almorzar y olvidó una carpeta con al menos 75.000 euros en efectivo sobre su mesa de trabajo. Al volver de comer, la carpeta había desaparecido.

La denuncia del robo despertó las sospechas de la Policía Judicial, que se mostró incrédula ante el supuesto despiste de la tesorera e inmediatamente barajó la tesis de que se trataba de un robo simulado. Resultaba demasiado raro que una persona acostumbrada a tratar con semejantes cantidades de dinero lo dejara desprotegido y a plena vista en una oficina semipública, sin sistema de seguridad alguno, sin ni siquiera cerrar la puerta con llave al salir.

Las sospechas pasaron a ser mayores cuando los inspectores policiales descubrieron que un cheque de 2.000 euros había desaparecido del escritorio de la funcionaria pocas semanas antes del episodio de la carpeta. Y la investigación cobró un tamaño mayor poco después, cuando los administradores de la Facultad admitieron que el extravío de grandes cantidades de dinero no era inusual en ese centro académico. Ya en 2004 una auditoría interna había revelado otro episodio en el que un funcionario del departamento de contabilidad había perdido la pista de miles de euros.

A lo largo del último año y medio las autoridades lusas han llevado a cabo una investigación detallada de las cuentas de la Facultad, que arrastra un déficit de 1,6 millones de euros. En el proceso, los inspectores han hallando una miríada de documentos financieros plagados de irregularidades. La Policía Judicial ahora estima que podría estar ante uno de los casos de desvío de fondos públicos más escandalosos del país, pues sospecha que estarían implicados no sólo trabajadores del departamento contable de la Facultad, sino que la red también contaría con el beneplácito de algunos de los administradores académicos de la misma.

Castigos inusualmente leves

Aunque la investigación sigue en curso y la Procuraduría General de la República ha evitado, de momento, procesar a quienes sospecha de formar parte de la red, la filtración de los documentos internos de la Universidad de Oporto relacionados con el caso ha desvelado un entramado de corrupción sorprendentemente amplio en la Facultad de Medicina Dental.

Se sabe que los 75.000 euros de la carpeta desaparecida provenían de la clínica de la Facultad, utilizada para formar a los estudiantes y ofrecer servicios low-cost a los portuenses. Oficialmente, la clínica ingresa unos 600.000 euros al año, pero las autoridades judiciales ahora estiman que los beneficios del centro dental podrían ser mucho mayores.

A raíz de la investigación policial se descubrió que varios empleados de la recepción de la clínica habían manipulado los datos del centro, registrando un número inferior de pacientes para quedarse con las tasas sobrantes. Además de desvelar la comisión de estos actos ilícitos, la auditoría policial también revela una sorprendente incompetencia general en el manejo de las cuentas del centro; por falta de organización o errores en la tabulación de los costes, los empleados obviaban cobrar a los pacientes por gran número de las consultas y operaciones correctamente registradas en las cuentas de la clínica.

La Universidad de Oporto asegura que está al tanto de la situación y a través de su propia investigación ha procedido a abrir procesos disciplinarios a tres empleados de la clínica implicados en estos actos criminales. Sin embargo, la chocante levedad con la que se ha tratado a la tesorera ‘olvidadiza’ hace que muchos desconfíen de que los empleados expedientados sufran consecuencias serias. Y es que, pese a estar bajo sospecha de haber simulado el robo de los 75.000 euros, la tesorera de la Facultad no ha sido despedida por la Universidad de Oporto.

Poco después de conocerse la desaparición del dinero, la tesorera fue expedientada por la Universidad, que encargó el proceso interno al prestigioso bufete de abogados Valdemar Gonçalves & Associados. El instructor disciplinario evitó pronunciarse sobre si finalmente consideraba que se trataba de un robo real o uno simulado. Sin embargo, su informe concluyó que, de ser verdad la versión de la tesorera, se trataría de un nivel de incompetencia inadmisible y una violación sistemática de los protocolos financieros vigentes en la Facultad. Responsabiliza a la tesorera por la pérdida de los fondos, por lo que recomendó su cese inmediato.

El rector de la Universidad, sin embargo, tomó la  decisión inusual de sólo suspender a la funcionaria durante ocho meses, al parecer presionado por el poderoso Comité de Trabajadores de la Universidad. En una carta al rector filtrado a los medios lusos el martes, el Comité argumentaba que sería “desproporcionado” cesar a la tesorera por este desliz “tras más de 15 años de servicio ejemplar” y sugirió que ella era simplemente otra víctima de un sistema contable interno con serios fallos.

Citando el incidente del dinero desaparecido en 2004, el Comité alega que el dinero desapareció por culpa de un problema endémico de gestión, y que lo que se tendría que hacer es “establecer procesos administrativos claros y definidos, comunicados por escrito a los trabajadores […] para prevenir la repetición de acontecimientos de este tipo”.

La tesorera, por su parte, ha solicitado la baja voluntaria del departamento de contabilidad, pero a la vez niega toda responsabilidad y ha impugnado la suspensión impuesta por el rector. La funcionaria ha denunciado a la Universidad ante los tribunales administrativos, por lo que se decidirá si la suspensión de la tesorera fue legítima a la vez que la Procuraduría General de la República decide si finalmente la procesa por la desaparición del dinero.