Crisis constitucional

Bruselas avanza hacia sanciones contra Polonia por poner en riesgo el estado de derecho

Acusa al gobierno euroescéptico de Ley y Justicia de socavar la independencia del Tribunal Constitucional.

El vicepresidente Timmermans saluda a la primera ministra polaca durante una de sus recientes visitas a Varsovia

El vicepresidente Timmermans saluda a la primera ministra polaca durante una de sus recientes visitas a Varsovia

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Bruselas detecta “riesgos sistémicos” que amenazan la supervivencia del estado de derecho en Polonia. La Comisión Europea ha aprobado este miércoles un dictamen negativo en el que acusa al gobierno euroescéptico y nacionalista de Ley y Justicia de socavar la independencia del Tribunal Constitucional polaco. Se trata de un nuevo paso en un complejo procedimiento sancionador, que podría concluir con la suspensión de los derechos de voto de Varsovia en las reuniones de ministros de la Unión Europea.

El vicepresidente primero de la Comisión, Frans Timmermans, ha mantenido un “intenso diálogo” con el Gobierno polaco desde que se abrió el expediente el pasado 13 de enero. Su objetivo era encontrar una solución pactada que evitara tener que acabar en las sanciones. Para ello ha viajado dos veces a Varsovia, la última el 24 de mayo, y se ha reunido con la primera ministra Beata Szydlo, y con varios miembros de su gabinete. No se ha encontrado sin embargo con el líder de Ley y Justicia, Jaroslaw Kaczynski, al que la oposición acusa de manejar el Gobierno desde la sombra.

“Pese a nuestros mejores esfuerzos, hasta ahora no hemos podido encontrar soluciones a los principales problemas”, ha dicho Timmermans en rueda de prensa. Su última conversación con Szydlo se produjo el martes por la noche y la primera ministra se comprometió a mantener el “diálogo abierto”. Pese a ello, Bruselas no ve ahora otra alternativa que dar un paso más en el proceso de sanciones. El dictamen aprobado este martes, que no se ha publicado, es una especie de ultimátum. Las autoridades polacas disponen ahora de un plazo de dos semanas para introducir los cambios legales que reclama la Comisión.

El vicepresidente primero sostiene que las sanciones contra Polonia todavía están lejos. “No quiero siquiera pensar en los próximos pasos, porque estamos todavía en pleno diálogo con las autoridades polacas”, ha dicho Timmermans. La solución a la crisis constitucional debe llegar mediante un acuerdo entre el Gobierno y la oposición que a su juicio podría lograrse en un “plazo corto”. “La Comisión no pretende ni desea inmiscuirse en el debate político en Polonia”, asegura el político holandés.

Los cambios constitucionales que preocupan a Bruselas

Los problemas que preocupan a Bruselas son fundamentalmente tres: la composición del Tribunal Constitucional, la ley que rige su funcionamiento y la publicación de sus sentencias. Nada más llegar al poder en octubre de 2015, el Gobierno de Ley y Justicia anuló el nombramiento de jueces elegidos por el anterior parlamento y nombró a cinco magistrados fieles para el Constitucional.

Además, acortó el mandato del presidente y del vicepresidente y modificó el sistema de votación. En el futuro se requerirá una mayoría de dos tercios para declarar inconstitucional una ley, en lugar de la mayoría simple vigente hasta ahora. Ello hará más difícil que el Tribunal tumbe las reformas promovidas por Ley y Justicia.

El 9 de marzo, el Tribunal Constitucional anuló esta reforma. Sin embargo, el Gobierno polaco ha impedido que se publique esta sentencia en el diario oficial del país. Tampoco se ha publicado ninguno de los fallos posteriores a esa fecha. La Comisión teme que, si la crisis constitucional no se resuelve en breve, se desarrollen dos estructuras legales paralelas en Polonia. “Eso crearía inseguridad jurídica para ciudadanos y empresas”, ha dicho Timmermans.

Sin embargo, es improbable que la Unión Europea llegue a sancionar a Polonia. Ningún país miembro ha sido hasta ahora desprovisto de sus derechos de voto por poner en riesgo el estado de derecho. El Gobierno húngaro de Víktor Orban, que fue expedientado por Bruselas por su reforma constitucional y de la ley de medios sin consecuencias, ha dicho que se opondrá a cualquier sanción. Y el primer ministro eslovaco, Robert Fico, ha defendido no inmiscuirse en lo que considera asuntos internos de otros países.